La inseguridad ciudadana arrecia. El deslizamiento del país hacia un estado de indefensión frente a organizaciones criminales, sicarios y extorsionadores es evidente. No en vano, en la última encuesta de Datum se da cuenta que la mayoría le pide a la presidenta Dina Boluarte que implemente un plan efectivo contra la delincuencia. ¿Y el plan Boluarte? Hasta ahora es una trenza de buenas intenciones, ninguna de las cuales aterriza.
En el Perú, la mayoría quiere seguridad. Pero las autoridades no pueden responder con medidas populistas o de forma abstracta, todo tiene que ser medible. Hay que ser pragmáticos. No es posible que se haya analizado el problema brillantemente, pero las soluciones sean pésimas. Por ejemplo, hay peruanos que ven a un policía en sus barrios, anexos o comunidades solo cuando llegan para ayudar a levantar un cuerpo.
El Gobierno central no enrumba hacia una dirección precisa para derrotar a la criminalidad, mientras tanto, los gobernadores regionales y alcaldes solo tienen un estribillo: “que salgan los militares a las calles”. La gente les pide respuestas ante la delincuencia y ellos confirman que no las tienen. Asumen que los militares son los únicos que las tienen.
Quizás por eso, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en dos distritos limeños y una provincia piurana, otorgándole a las FF.AA. el rol de salvadoras del país.
Los congresistas tampoco atacan este problema. Con proyectos y leyes que nada tiene que ver con las prioridades de la gente, confirman que solo actúan de acuerdo a sus intereses. A estas alturas hacen los que les da la gana y no les pasa nada. Se dice que todos los poderes del Estado, para que funcionen de una manera democrática y sana, debe tener contrapoderes. Hoy por hoy el Legislativo no los tiene.
