La presidenta Dina Boluarte ha evitado enfrentar a la prensa desde hace mucho tiempo y ahora parece que tampoco quiere rendir cuentas ante la justicia. Sus promesas de transparencia y respeto a las instituciones del Estado se degradan frente a la realidad. Recientemente, sus defensores legales han presentado una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la clara intención de neutralizar las investigaciones en curso. Muchos sospechan que este recurso busca contradecir las decisiones de los órganos de justicia.
Las diligencias de los equipos de la Fiscalía, las investigaciones y los allanamientos a la casa de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno por el caso de los relojes Rolex parecen haber generado un cambio de opinión en la mandataria. A principios de este año, Boluarte había afirmado enfáticamente su “respeto absoluto a la separación e independencia de poderes”, pero hoy sus acciones demuestran lo contrario.
Es preocupante que la presidenta no solo eluda rendir cuentas a la población, sino que también parezca evitar hacerlo ante la Fiscalía y el Poder Judicial, a pesar de las razones de peso para que se realicen pesquisas en su contra. Está intentando que estas instituciones no la puedan investigar mientras esté en funciones. Mientras dedica su tiempo a estos esfuerzos legales, la pobreza, la anemia y la criminalidad siguen azotando a los peruanos.
