El fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas, quien investiga las ejecuciones ilegales que comprometen a un comando que se formó cuando Ollanta Humala era Presidente, acusa al gobierno de PPK de obstaculizar su trabajo. Para ser más exactos, señala al premier Fernando Zavala de encubrir una investigación que debe esclarecer 33 muertes extrajudiciales, operativos fraudulentos que taparon escándalos de los Humala-Heredia y, lo que es más grave, un caso que podría llevar a este escuadrón a una acusación por delitos de lesa humanidad.

Según Rodas, documentación que se guarda en los archivos policiales fue rotulada como secreta para que el Ministerio Público no acceda a ella. Zavala puede desclasificarla, pero no quiere. En esos papeles habría información crucial, desde las oscuras partidas desviadas para este grupo hasta las evidencias necesarias contra los comandantes PNP Raúl Prado Ravines y Humberto Santillán, este último capturado días atrás por integrar la banda “Los babys de Oquendo”.

Es una pésima señal lo que denuncia el fiscal Rodas. Zavala no puede bloquear una investigación que involucra a malos policías en un escuadrón que sirvió a oscuros intereses políticos. Además de señalar a Prado y Santillán como sus principales jefes, las pesquisas podrían incluir al propio Ollanta Humala; al haber sido el que se benefició de los falsos operativos que distrajeron al país de asuntos tan graves como la revelación de las agendas de Nadine Heredia y la acusación a Belaunde Lossio, que fue la punta de la madeja que terminó en la coima de $3 millones que financió la campaña humalista.