4 millones de dólares para salir de proceso

El gerente general de la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB), Carlos Alberto Gómez de la Torre Prettel, fue excluido de la investigación que realiza la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla contra 37 personas por presuntos delitos vinculados al tráfico de tierras.

En este caso también están implicados miembros de la banda delincuencial conocida como "La Cruz de Piura", quienes siguen siendo procesados en prisión.

LIMPIO. La decisión se tomó en la audiencia del pasado 27 de agosto, después de que el denunciado presentara un recurso de excepción amparándose en las conciliaciones extrajudiciales a las que la ACSJB ha llegado con varios de los denunciantes.

En un escrito alcanzado a la Fiscalía, Gómez de la Torre Prettell señala que con estos acuerdos se ha logrado solucionar los conflictos sociales que se habían generado, invocando además "el principio de oportunidad" como mecanismo procesal para poner fin a las controversias suscitadas.

Para ello (consta en las actas de conciliación) pagarían, en total, 4 millones 370 mil dólares americanos a quienes denunciaron a sus representantes como partícipes en los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, usurpación agravada, daños agravados y falsedad ideológica.

Con estos millonarios acuerdos, los presuntos agraviados, que en su momento no dudaron en denunciar la invasión y despojo de sus tierras, señalando a los representantes de la asociación como "planificadores y financistas" (se lee en la disposición fiscal N° 13-2014-2°FPPC de formalización de investigación preparatoria), cambiaron de parecer y descartaron que los mismos hayan intervenido en los ilícitos señalados.

DESACUERDO. La decisión de la Fiscalía no fue bien recibida por Reynaldo Reyes Carrasco, quien en el 2012 denunció la usurpación de su terreno de 20 hectáreas ubicado en el predio Miraflores sector G del distrito de Castilla; hoy en día, señaló, en posesión de los denunciados.

"Ha habido un arreglo, han sacado al gerente, pero hay más involucrados. Han sacado a Carlos Alberto Gómez de la Torre. Yo estuve en la audiencia, en la que lo excluyeron pese a que yo he presentado una ampliación de denuncia. Ha habido un arreglo de dinero (con los denunciantes) y han dicho que Alberto (Gómez) no tenía nada que ver)", manifestó.

Asimismo, agregó que llama la atención que quienes denunciaron ahora se retracten de todo, por lo que pidió que "la Fiscalía ahonde en el caso y no excluya a los denunciados".

MODO. Según dijo Reyes Carrasco, en marzo del 2012 un grupo de aproximadamente 100 personas encabezadas por los miembros del sindicato de Construcción Civil de Tacalá, entre los que se encontrarían miembros de "La Cruz de Piura", se apoderó por la fuerza de su propiedad y las de otros posesionarios.

Estas personas, relató, al igual que hizo en su denuncia ante la policía y Ministerio Público, habrían sido presuntamente contratadas por personas vinculadas a la ACSJB.

Lo mismo fue denunciado en el 2012 por la Asociación Agropecuaria Forestal San Isidro El Labrador de Palo Verde de Los Ángeles de Ríos Seco; la Asociación Agropecuaria Quebrada del Gallo; y el ciudadano Florencio Campoverde Montalván.

En disposición fiscal se advierte que el supuesto modo para apoderarse de las tierras era el siguiente: un grupo de personas (algunas vinculadas a la organización delincuencial mencionada) se apoderaba de los predios, para luego empezar a tramitar de forma presuntamente irregular su adjudicación en la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal (Prorural).

En paralelo, los supuestos usurpadores habrían traspasado la posesión de las tierras a la ACSJB a través de compromisos de compra venta ante notario.

CAMBIOS. Casi dos años después de que se dieran los hechos, varios de los supuestos agraviados empezaron a desdecirse de lo señalado, a razón de las conciliaciones llevadas a cabo en noviembre del año pasado.

A la Asociación Agropecuaria Forestal San Isidro El Labrador de Palo Verde de Los Ángeles de Ríos Seco se le entregaría, "en armonía con la paz social", 2 millones 870 mil dólares americanos; a la Asociación Agropecuaria Quebrada del Gallo, 1 millón 20 mil; y a Florencio Campoverde Montalván, 450 mil.

Pero para el denunciante Reynaldo Reyes, esto no habría sido más que un modo de librarse de las responsabilidades que significan las varias denuncias interpuestas en el Ministerio Público.

También, dijo que deja mucho que desear que las pericias a las escrituras públicas sobre los terrenos en conflicto se hayan dispuesto este año y no desde que se denunció el hecho.