ANP denuncia persecución judicial a periodistas y pide respeto a libertad de opinión

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció hoy una sistemática persecución judicial a periodistas en el país a causa de sus opiniones o por la difusión de informaciones que revelan presuntos actos de corrupción en gobiernos locales, regionales o autoridades del ámbito nacional.

Mediante un comunicado, la institución dijo que observa con especial preocupación las querellas contra los periodistas Rafael León, del semanario Caretas y Fernando Valencia, exdirector de Diario 16.

En el caso de Rafael León la lectura de su sentencia está programada para el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. El periodista podría ser sentenciado a tres años de prisión efectiva y al pago de 5 millones de soles de reparación civil, solicitado por la querellante.

Fernando Valencia, por su parte, fue condenado hoy a un año y ocho meses de prisión, así como al pago de 100 000 soles de reparación civil a favor del expresidente Alan García Pérez, quien lo querelló por una presunta difamación.

La ANP refirió que estos procesos representan un intento de "coartar los derechos de información y opinión".

Agregó que en los últimos cinco años se ha registrado más de un centenar de querellas contra periodistas, impulsadas la mayoría de veces por funcionarios públicos, con el fin de generar una atmósfera de temor en torno a la investigación y divulgación de determinados hechos.

Todos los casos, anotó, responden a un patrón general, la posibilidad de cárcel efectiva para los periodistas y la demanda de reparaciones millonarias que de aplicarse llevarían a la quiebra a medios de comunicación y silenciaría periodistas.

Para la ANP, las leyes de calumnia e injuria en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico, por lo que demandó que el Poder Legislativo derogue aquellas normas penales que imponen la censura y coartar la libertad de prensa.

La asociación impulsa una campaña para despenalizar los denominados "delitos de prensa", que busca eliminar la posibilidad de cárcel para periodistas en casos de injuria, calumnia y difamación, y disponer el tratamiento de esos casos en el ámbito civil.