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La Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional (Ley 30339), aprobada por unanimidad por el Congreso de la República, contempla que las aeronaves civiles que no se identifiquen serán derribadas en caso se rehúsen a bajar a tierra luego de incumplir el respectivo protocolo de seguridad.
Así lo explicaron ayer el ministro de Defensa, Jakke Valakivi, y la canciller Ana María Sánchez, quienes precisaron que será la Fuerza Aérea del Perú (FAP) la encargada de cumplir esta tarea que busca acabar con el paso de las llamadas ‘narcoavionetas’ en diversas zonas del país, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
El comandante general de la FAP, Dante Arévalo, explicó que los Súper Tucano y Cessna A-37 serán las aeronaves que efectuarán esas interceptaciones.
PLAN ANTIDROGAS. La titular de Torre Tagle explicó que las avionetas susceptibles de ser derribadas son las que se detecte tienen intención de causar la muerte, lesiones o daños graves a las personas y bienes e incluso, el medio ambiente. Además, las que puedan trasladar insumos que contribuyan al narcotráfico o material ilícito como explosivos y armas.
El procedimiento consta de cinco fases, amparados por el Reglamento del Aire del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En la Fase IV se establece un procedimiento más seguro para los disparos de advertencia.
La aeronave interceptora se deberá colocar delante, a un costado y en paralelo a la aeronave “sospechosa” como medida de prevención.
En la Fase V, de ser el caso, se procederá a declarar hostil a la aeronave en cuestión, facultad que le compete al comandante del Comando Operacional de Defensa Aérea (CODA). La orden de disparar solo puede ser emitida por el comandante del CODA, luego de haberse cumplido con las fases anteriores.
Precedente
Perú suspendió en 2001 las interceptaciones aéreas luego de que un caza peruano derribara por error una avioneta de misioneros.