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A cinco años de pena privativa de la libertad efectiva fue sentenciado el exalcalde de Tacabamba-Chota (Cajamarca), Jeiner Ubaldo Julón Díaz, en base a una denuncia realizada por la Contraloría. Además, otros funcionarios ediles y proveedores también fueron condenados por cometer delitos de corrupción.
Julón Díaz fue encontrado culpable del delito de Negociación Incompatible por favorecer al ciudadano Julio César Vadillo Gutiérrez con el contrato para ejecutar el expediente técnico de la obra “Instalación y Mejoramiento del Sistema de Electrificación rural en Tacabamba”.
El ex alcalde simuló un proceso de selección para realizar la contratación a pesar de que el postor no era profesional competente. Cabe señalar que el ciudadano Vadillo Gutiérrez recibió por el mismo delito una condena de 4 años de pena privativa de la libertad efectiva.
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chota también impuso a ambos condenados tres años de inhabilitación para laborar en el Estado.
También se sentenció con cinco años de pena privativa de la libertad efectiva a los ex funcionarios ediles Julián Alexander Colunche Camacho y José Luis Sandoval Damián, así como a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva al proveedor Arbel Adán Chero Barranzuela, por el delito de Peculado Doloso.
Se comprobó que los mencionados exfuncionarios que ejercían los cargos de Gerente Municipal y Jefe de Abastecimientos de la Municipalidad de Tacabamba, respectivamente, desembolsaron S/. 126 800 para el alquiler de maquinaria para el “Mejoramiento y acondicionamiento de las vías de la ciudad de Tacabamba” pese a que la obra nunca fue ejecutada. Ambos también fueron inhabilitados por tres años para ejercer función pública y sentenciados a pagar una reparación civil de S/. 40 000 más la devolución solidaria del monto sustraído al erario nacional.
Asimismo, se condenó a tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva al ex residente de obra Edwin Henrry Inoñan de la Cruz, por el delito de Falsedad Genérica, debido a que suscribió documentación correspondiente a la mencionada obra de mejoramiento (los partes diarios de la supuesta obra) pese a que se evidenciaba que la misma nunca se realizó. También deberá pagar una reparación civil de S/. 10 000.
