Casi linchan a cura acusado de violación

La indignación por haber seguido y respetado al que ahora llaman el "cura violador" se apoderó ayer de la población de Chilca que estuvo a punto de linchar al sacerdote Ismael Moisés Montero Casas (48). Él fue trasladado al penal de Cañete luego de que el Juzgado Mixto de esa localidad abriera instrucción en su contra por el delito contra la libertad sexual en agravio de un catequista de 15 años.
Este caso ha generado total conmoción en el sur de la capital, sobre todo porque se teme que habrían otros menores víctimas del párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
Como se sabe, Montero Casas fue apresado la tarde del último jueves por agentes de la comisaría de Chilca al interior de la parroquia del asentamiento humano Olof Palme. Esto luego de que el adolescente de iniciales J.H.S.S. denunciara que había sido atacado sexualmente.
Tras los exámenes del médico legista, el sacerdote fue denunciado ante la Fiscalía de Mala y posteriormente el Juzgado Mixto de Cañete abrió instrucción en su contra con orden de detención, por lo que se dispuso su traslado al penal de esa localidad.
Precisamente cuando era llevado al centro penitenciario, un grupo de pobladores de Chilca que lo esperaba en las afueras de la Fiscalía de Mala intentó lincharlo. Incluso se produjo un enfrentamiento con los familiares del cura.

SU VERSIÓN. Durante el interrogatorio al que fue sometido en la Fiscalía, Ismael Montero dijo que sólo lo abrazó muy fuerte y que no quiso hacerle daño. Manifestó además que había tratado de supuestamente ayudar al adolescente porque éste le había contado que recibía maltratos.
Como es público, el cura tiene antecedentes por el mismo delito en agravio de otro menor cuando era sacerdote en la localidad de Yauyos.

Iglesia lo suspende
A través de un comunicado de la Prelatura de Yauyos, jurisdicción eclesiástica a la que pertenecía Ismael Montero, se informó que éste había sido "suspendido del ejercicio sacerdotal, siguiendo las normas establecidas para estos casos por el derecho canónico". Esta suspensión implica la destitución de todo cargo eclesiástico y la prohibición de administrar sacramentos, a fin de facilitar las investigaciones del caso por parte de la fiscalía y el juzgado correspondiente, señala el documento. Finalmente invocan a la comunidad a tener serenidad.