Casos de acoso sexual a menores están encarpetados

Cuando los menores de edad están a merced de personas sin escrúpulos son víctimas de una serie de vejámenes que marcan su vida y los convierten en una estadística más de los delitos contra la libertad sexual.

A nivel de Piura se reportan más de 1652 denuncias por este tipo de delitos en el Ministerio Público desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (abril 2009).

Más peligroso aún es la situación que afrontan las víctimas en manos de sujetos que se esconden tras la piel de docentes.

Correo informó desde el año pasado sobre varios casos de presuntos hostigamiento sexual perpetrado en el colegio Nuestra Señora de Fátima, entre otros.

No obstante, las investigaciones duermen el sueño de los justos, pese a la política de protección al menor que pregona la actual gestión de Javier Atkins Lerggios, quien nombró a María Madrid Mendoza en la Dirección Regional de Educación, pese a tener un pasado plagado de procesos administrativos.

¿PARA CUÁNDO? Según información proporcionada por Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (Cader), en lo que va del año ha recibido 67 casos; 10 de ellos por presunto acoso sexual y 12 por maltrato físico y psicológico.

Sumados a la decena de casos que fueron denunciados el 2011, a través de los medios de comunicación, por las víctimas o sus familiares, la cifra es de espanto y supera los 20 casos.

Entre los casos emblemáticos se encuentra el de la menor de edad de iniciales E.C.M., quien acusó al subdirector, turno tarde, del colegio Nuestra Señora de Fátima, Armando Moncada Gómez, de hostigarla sexualmente.

Ante la presión que sufrió la adolescente, ésta intentó quitarse la vida.

A nivel de Segunda Fiscalía de Familia se realizó una pericia psicológica al acusado, revelando que el imputado es proclive a la mentira y presenta desorden de tipo sexual, lo que respaldaría la versión de la escolar.

En la vía administrativa esta denuncia se presentó en setiembre de 2011, sin embargo, han pasado 11 meses y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación de Piura (Drep) no ha llegado a ninguna conclusión.

Más grave aún, según dicta la Ley del Profesorado, este tipo de denuncias deben ser resueltas en un plazo no mayor de 40 días desde que fueron presentadas a la autoridad competente.

La norma también señala como plazo de un año para que prescriban los casos, por lo que es peligroso y sospechoso que permanezcan encarpetados.

¿NO LE INTERESA? Correo acudió en busca de la titular del sector María Madrid hasta en tres oportunidades a su despacho, y le realizó más de una llamada; en todas las ocasiones no se pudo concretar la entrevista, ya que la directora pidió que la volvieran a llamar pero nunca más contestó.

Cuando Correo fue a la Cader para conocer cuántos casos han sido enviados a la dirección, para que posteriormente pasen a la comisión permanente, nos dimos con la sorpresa de que el exjefe Segundo Reneiro García Labán había vuelto al cargo llevado de la mano de Madrid Mendoza.

Como se recuerda, García Labán fue "rotado" por la exdirectora Aurelia Pasapera Calle luego de las innumerables quejas por la lentitud de los procesos.

El escándalo fue de proporciones mayores, y se anunció la contratación de psicólogos para atender la salud del Magisterio y a los menores de edad en riesgo, empero, todo quedó en promesas.

El lector puede sacar sus propias conclusiones.

EMBLEMÁTICO. Otro caso que se "pasea" de oficina en oficina es una menor del colegio Fátima.

Se trata de la denuncia presentada por la menor de iniciales K.F.C.C., quien acusó al docente Edgar Lozano Roncano de acosarla sexualmente.

A la fecha, la comisión sigue solicitando información a la institución educativa, lo que dilata aún más el proceso.

El artículo 120 del Reglamento de la Ley del Profesorado dispone las sanciones de acuerdo al caso:

Separación del ejercicio profesional de 10 a 30 días se considera sanción leve, luego se puede aplicar hasta por 3 años, y la más grave ordena la separación definitiva del investigado.

Sin embargo, hasta la fecha la Drep no da a conocer sus resultados.

Fuentes de Educación manifestaron a este diario que existe voluntad de la directora regional del sector, pero la carga de expedientes sobre pasa su capacidad de personal. Mientras tanto, no llega la justicia para los menores de edad.

El subdirector Armando Moncada Gómez fue separado del colegio Fátima mientras duran las "eternas" investigaciones, siendo destacado como especialista en la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Piura junto a otros procesados.