Tres millones 165 mil 369 soles (parte del presupuesto total) prácticamente se han ido al agua, ya que el colegio en donde fueron invertidos actualmente se está cayendo a pedazos en el distrito de Canchaque.
Lo peor de todo, es que por increíble que parezca, los exfuncionarios de la comuna distrital involucrados en una serie de presuntos actos irregulares que dieron pie a este desastre, han sido librados de polvo y paja por el fiscal Martín Javier Rijalba Gutiérrez, de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Cooportativa de Huancabamba.
El pasado 14 de mayo, Correo informó sobre este caso, dando cuenta que la institución educativa emblemática de Canchaque, "Emilio Espinoza", aún no terminaba de ser construida pero su estructura ya presentaba grietas por todos lados.
Además, la infraestructura levantada se está hundiendo, debido a que el relleno que se colocó está que se asienta.
La denuncia presentada por el actual alcalde del mencionado distrito Joel Jiménez Choquehuanca, señala que "existen asentamientos (hundimientos) de la estructura y agrietamientos en los dos pabellones de aulas debido a la mala compactación del relleno", es decir, el colegio se podría venir abajo en cualquier momento, y es más, ya no se puede construir o levantar un ladrillo más sobre esas bases.
¿QUÉ PASÓ? Para el fiscal Rijalba Gutiérrez, los exfuncionarios investigados Arquímedes Holguín Calle (actual funcionario de la Municipalidad Provincial de Sechura involucrado en otros escándalos de licitaciones); Carlos Palacios Bermeo; Segundo Castillo Chinguel y Martín More Saavedra no cometieron ninguna falta, por tanto, ordena el archivamiento del caso.
Estos personajes eran investigados por los delitos de colusión, estafa y por incumplimiento de deberes funcionales en agravio de la Municipalidad Distrital de Canchaque y el Fondo de la Promoción de la Inversión Pública Regional y Local del Ministerio de Economía y Finanzas (Foniprel), entidad que entregó 3'937,753 nuevos soles para dicho proyecto educativo.
Para esta obra, señala la denuncia, se compró material que no era el adecuado. Por ejemplo, los exfuncionarios realizaron el cambio de cobertura para adquirir planchas tipo onduline, en lugar de fibrocemento tipo teja andina, prevista en las especificaciones del expediente técnico.
El cambio lo hizo el residente de la obra sin la autorización correspondiente, pasando por encima del proyectista y supervisor de la obra.
Esto abrió la puerta para que se realizara la adjudicación directiva selectiva N°019, para comprar el nuevo material, pese a que al momento del proceso no era necesaria, porque aún no estaba terminada la estructura donde se debía colocar.
"Los hechos hacen concluir que los exfuncionarios se coludieron para armar un irregular proceso de adquisición de material (...) El material se encuentra en el almacén de la empresa vendedora, pues se le comunicó que no servía para los fines del proyecto", se lee en la denuncia.
Líneas más abajo, se explica que el relleno que se colocó está que se asienta, lo que causa el agrietamiento (hundimiento) de la infraestructura.
De acuerdo a la evaluación técnica realizada por personal de la División de Infraestructura de esta comuna, "los pabellones 2 y 5 tiene problemas. En estos lugares se iban a construir 12 aulas. Los estudios recomiendan no continuar la obra ni albergar gente, ya que se ha producido asentamientos de 7 centímetros, lo cual excede lo permisible, que es de 2 centímetros".
Añade, "que las vigas principales de las aulas están mal diseñadas, faltándole 30% de armadura de fierro (...) el colegio debe ser de dos pisos, pero el primer nivel ya está fallando la estructura, por eso no se puede seguir construyendo", explica Carlos Ato, jefe de la División de Infraestructura.
QUEJA. La lista de deficiencias y supuestas irregularidades continúa, aunque no sea así para el fiscal, denuncia Juan Mejía Seminario, asesor legal de la comuna, quien ha presentado una queja formal contra Rijalba Guitierrez ante el fiscal superior, a fin de que en Piura se analice nuevamente el caso.
¿El fiscal no vio el informe?
Para el personal de la Policía Anticorrupción, existen elementos suficientes para demostrar que los exfuncionarios ediles habrían incurrido en los delitos imputados, según se puede corroborar en el informe N°1430-2012.

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