Crisis en Chaparrí por mafias de terrenos: “El Estado solo nos da una palmadita en la espalda”

Escrito por Bernie Moreno Rivera

Javier Ramírez cree haber sido el primer blanco de los traficantes de terrenos en Chaparrí (Chongoyape, Lambayeque) el 2014. Un sujeto bajó de un vehículo y le disparó una semana después de tener una reunión con comuneros donde decidieron tomar acciones en el área de conservación.

Los hermanos Juan Andrés y Heinz Plengue, conservacionistas del área, fueron atacados en mayo pasado con palos en la cabeza durante una inspección del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en Chaparrí. Creen que fue un intento de asesinato.

José Napoleón Tarrillo, autoridad del caserío El Mirador y activista, sí fue asesinado el 30 diciembre. Desconocidos lo atacaron con palos y lo estrangularon usando un alambre en su propia casa mientras su esposa estaba amarrada en una silla.

La violencia escaló mortalmente en Chaparrí, una área de conservación que es hogar del oso de anteojos y que está en disputa debido a un grupo que habría usurpado la dirigencia comunal, quienes pretenden abrir paso a obras hidráulicas con fines agrícolas.

Apuesta por conservación y turismo

Los comuneros de Chongoyape decidieron, desde fines de la década de 1990, dedicar su territorio común a la conservación privada, en un esfuerzo que fue pionero en el Perú y toda América Latina.

35 osos de anteojos se han registrado en Chaparrí. Es la reserva con la mayor población de Sudamérica.

"El año 1999 la propuesta fue que, si nosotros conservamos el bosque para proteger al oso de anteojos, en el tiempo podríamos estar recibiendo la visita de turistas y los campesinos tendríamos la oportunidad de ganar dinero", relata Juan de Dios Carrasco, miembro comunidad campesina muchik Santa Catalina de Chongoñape.

El predio colectivo abarca más de 34 mil hectáreas y es parte representativa de los bosques secos del norte peruano. En él conviven, además del insigne oso, la pava aliblanca, el cóndor andino, zorro costeño, guanaco, entre especies de flora.

Debido a su desempeño ejemplar, fue declarada Área de de Conservación Privada (ACP) a perpetuidad, y no a diez años como la declararon al principio.

Investigaciones calculan que solo quedan 300 ejemplares de pava aliblanca.

Denuncian red de corrupción

Los problemas empezaron hace unos cuatro años, cuando un grupo de supuestos comuneros intentó usurpar las funciones de la junta dirigente comunal para parcelar las tierras y reducir el espacio de conservación.

"Lo que ha pasado es que lamentablemente la comunidad cayó en una red de corrupción", explica Javier Ruiz, vocero del Frente de Defensa de Chaparrí.

"El propósito de ellos ha sido promover la parcelación del territorio de la comunidad. Ponían como punto de agenda la reducción de la ACP. Con eso ya no quedaría turismo en Chaparrí y queda abierto para que hagan sus negociados", relata, a su vez, Juan de Dios Carrasco, quien también es promotor turístico desde 2004.

Junta directiva propone reducir territorio del ACP Chaparí

Las denuncias convergen en que los nuevos dirigentes buscarían favorecer proyectos de represas con el Gobierno Regional. Una de estas es la denominada 'La Montería', cuyo trazado se superpone con el ACP Chaparrí, según el informe técnico.

Elegidos irregularmente

Esta nueva junta directiva fue elegida mediante voto de 94 comuneros "no calificados", lo que estaría fuera de la ley; e incluso policías que brindaban seguridad en una asamblea firmaron los padrones haciéndose pasar por comuneros.

Comuneros "no calificados" eligieron actual junta directiva

"Queda la tarea de investigar cómo, durante el 2015 y el 2016, hubo una participación parcializada de la Policía para refrendar acuerdos ilegales de esa cuestionada directiva", advierte Javier Ruiz.

El año pasado los comuneros registraron, por lo menos, diez brotes de incendios forestales en el ACP Chaparrí. Un día después de que estos fueron apagados, el 2 de diciembre, la directiva conformó una comité de reforestación que proponía plantar frutales. En esos terrenos antes había especies protegidas como el sapote.

Presidente del Poder Judicial bajo amenaza

A fines de febrero último el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, denunció amenazas de muerte en su contra por impulsar las investigaciones contra los traficantes de tierras.

Rodríguez acudió al área misma de Chaparrí para conocer la situación de los comuneros tras reunirse unos meses antes con ellos en Lima, previa coordinación de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso.

"Se está hiriendo de muerte a esta reserva. No se ha reaccionado con la firmeza necesaria", aseguró en declaraciones para TV Perú. Dijo que no temía por la intimidación y reafirmó su decisión de apoyar a Chaparrí. Inmediatamente la Policía ofreció garantías para su vida y dos días después la Fiscalía inició investigaciones sobre su caso.

“Es fundamental que se refuerce la seguridad jurídica de Chaparrí, asegure a las personas que están liderando este esfuerzo local para defender el área y que ahí la Policía brinde seguridad, que el Ministerio Público desarrolle las investigaciones y que el Poder Judicial sancione a quien corresponda. En ese sentido, es muy importante la presencia del presidente del Poder Judicial”, dijo el exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, consultado sobre el tema.

Esperan respuesta del Estado

Tomar la decisión de conservar voluntariamente gran parte de sus predios no tuvo retribución del Estado, reflexiona Javier Ruiz. Ahora, frente a la amenaza directa de los invasores, tuvieron que llegar a Lima mediante una comisión y tocar las puertas de las máximas autoridades para obtener su atención.

“A partir del conflicto se ha ido entendiendo la problemática de las ACP. Es gran esfuerzo de ciudadanos y comunidades por articularse a las iniciativas de conservación. Sin embargo, ¿el Estado qué les da? Una resolución, una palmadita en la espalda, y de vez en cuando va a ver cómo van sus avances”, señala Ruiz, quien ya sufrió un atentado contra su vida.

La tarea de las autoridades, señala, es no solo crear las áreas de conservación y fiscalizar de vez en cuando, sino también plantear incentivos para los titulares. De lo contrario “te enfrentas a situaciones como esta. En ese sentido, las mafias de terrenos ganan”.

“Este problema de la intención de reducir la reserva, en los primeros años no hemos tenido respuesta efectiva ninguna del Estado. Las denuncias en la Fiscalía han sido encarpetadas. Recién el año pasado tuvimos la intervención del Congreso”, asegura el comunero y vocero del Frente de Defensa de Chaparrí, Juan de Dios Carrasco.

Señala que debieron esperar la presencia de Duberlí Rodríguez para que les brinden garantías personales. Él, en su tarea como orientador turístico, ha denunciado algunas de las afectaciones ocurridas en 10 mil hectáreas y asegura sentirse aún muy amenazado.

El exviceministro Castro, en el mismo sentido, considera que es primordial brindar seguridad a los comuneros favorables a conservar, ya que estas iniciativas “son muy importantes a nivel local”.

Lamentó también que un conflicto judicial sea resuelto “de manera mafiosa” como en el caso de Chaparrí. “Eso hay que defender con fuerza. Hay que asegurar a las personas que están defendiendo el área”, subrayó Castro.

El ejemplo de Chaparrí

Al otro lado del país, en Madre de Dios, Víctor Zambrano asegura que la iniciativa de Chaparrí lo incentivó en la conservación voluntaria. El año pasado fue condecorado por la National Geographic y desde el 2010 tiene un ACP cerca de Puerto Maldonado que él mismo reforestó tras encontrarlo como un pastizal.

"Ellos son prácticamente nuestros mentores. Yo quise tener mi ACP desde aquellos años. Siempre he tomado como ejemplo su accionar desde el inicio. Me apenó mucho lo que está sucediendo en esta área tan importante en la zona norte", indicó Zambrano.

El conservacionista y exmarino Zambrano coincidió con sus pares de Chaparrí en señalar la asistencia que reciben de las autoridades y las respuestas que tienen en cuanto al acceso a justicia.

Consultado sobre los incentivos que recibieron, dijo que “primero, la norma que lo reconoce [como ACP]. Segundo, la única palmadita que me dio en la espalda (es de) mi amigo Antonio Brack [exministro del Ambiente]. Más que eso, ningún apoyo del Estado”.

Actualmente, siguiendo el ejemplo de Chaparrí, existen 122 otras ACP en el Perú que confían en conservar voluntariamente “muestras representativas del ecosistema natural característico del entorno en que se ubican”, según explica el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

“Si las autoridades toman conciencia y hacen lo que les corresponde hacer, sí tienen que resolver de manera favorable para Chaparrí, salvo que estén comprometidos con las mafias”, sentenció Juan de Dios Carrasco desde Lambayeque.