Docente denuncia intromisión de gobierno regional en concurso

Movidas extrañas en sector Educación de Junín. Todo comenzó el 29 de enero, cuando la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pangoa lanza a concurso una plaza para docente del área de Educación Para el Trabajo (EPT) Computación para el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) San Martín. El 11 de febrero se publican los resultados, en el que Abad Víctor Borja Quispe ocupa el primer lugar y por consiguiente se adjudica la plaza.

Sin embargo, en horas de la noche de ese día la comisión encargada del proceso de adjudicación publica otro cuadro de méritos con un cambio de denominación de la plaza: Comunicación-EPT Computación. Borja Quispe acude a la Defensoría del Pueblo (DP) y logra la nulidad del proceso.

El 3 de marzo se repite la misma historia. A las 9 de la mañana, la comisión de adjudicación lanza a concurso la plaza docente para EPT Computación y a las 3 de la tarde lo vuelve a cambiar por Comunicación-EPT Computación, con el argumento de que hay que dar mayor peso al área de Comunicación en el CEBA San Martín. Esto a pesar que se había determinado que la especialidad ya contaba con un docente.

La plaza fue adjudicada a Evelyn Lesley Chipana Gamarra. Sin embargo, Borja no se rinde y apela la resolución de designación ante la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), que el 15 de julio lo declara fundada y ordena se le adjudique su plaza.

LA HISTORIA CONTINÚA. El documento (Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 01943) fue suscrito por el titular del pliego Walter Angulo Mera.

Además de declarar fundada la apelación y adjudicar la plaza a Borja Quispe, da “por agotada la vía administrativa”.

“Ahora lo que me preocupa es porque el caso pasa al Gobierno Regional Junín (GRJ), si la vía administrativa queda agotada en la DREJ”, señaló el docente.

Justamente, el 20 de agosto Walter Angulo remite al gobernador Ángel Unchupaico Canchumani el oficio N° 163, notificándole del recurso de apelación que presentó Evelyn Lesley Chipana Gamarra al resolución directoral que el firmó.

Al ser consultado, Angulo reconoció que la DREJ es la última instancia para resolver los temas de este sector. Dijo que al día firma alrededor de 200 documentos y que volverá a revisar este caso.

“Según las directivas que rigen la contrata docente, el gobierno regional no tiene nada que ver en este caso. La última instancia para apelar es la DREJ”, recalcó Borja.

Según la Resolución Ministerial N° 023-2015 del Ministerio de Educación (Minedu), que aprueba las normas que regulan la contratación de los docentes, las principales funciones y obligaciones del las direcciones regionales de educación son: convocatoria, verificación y publicación de plazas vacantes, publicación del cuadro de méritos por UGEL y supervisión del proceso. Los gobiernos regionales no entran a tallar.