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La inseguridad ciudadana continúa afectando la actividad económica en el país. Según el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 45% de peruanos afirma conocer bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios de su entorno que han cerrado o restringido sus actividades debido a la delincuencia.
La cifra representa un aumento de 13 puntos porcentuales respecto al 2025, cuando el porcentaje se situaba en 32%.
El informe, elaborado por el Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora, se basa en una encuesta realizada por Ipsos.
Lima es la región más afectada
El estudio señala que Lima concentra el mayor impacto de la inseguridad sobre los negocios, con un 59% de personas que reportan conocer establecimientos afectados.
Además, el fenómeno se extiende a todos los niveles socioeconómicos, evidenciando que la delincuencia tiene efectos generalizados sobre la economía familiar y las actividades comerciales.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del informe, advirtió que la inseguridad está deteriorando las bases económicas y sociales del país.
“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos”, sostuvo.
Ansiedad y estrés aumentan por la delincuencia
El reporte también revela un incremento en los efectos psicológicos asociados a la inseguridad.
La proporción de adultos que considera que sus niveles de ansiedad y estrés aumentaron como consecuencia de la delincuencia pasó de 75% en 2025 a 78% en 2026.
El crecimiento es más pronunciado en las regiones del norte y en las zonas urbanas del interior del país.
Más de mil casos registrados en nuevo índice de crimen violento
El informe incorpora el Índice del Crimen Violento (IDCV), que considera homicidios y feminicidios consumados y en grado de tentativa.
Entre enero y mayo de 2026 se registraron 1,054 casos a nivel nacional, con una tendencia ascendente impulsada principalmente por los homicidios frustrados.
Entre las regiones del interior, Ica aparece como una de las más afectadas, mientras que la provincia de San Antonio de Putina, en Puno, alcanzó una tasa de 92.89 casos por cada 100 mil habitantes, asociada al impacto de la minería ilegal.
Transportistas, entre los más golpeados por la violencia
El estudio identifica al sector transporte como uno de los más afectados por la extorsión y el sicariato.
Entre enero y mayo de este año se documentaron 131 homicidios y tentativas de homicidio contra conductores, cobradores y pasajeros.
La mayoría de estos casos se concentró en Lima y el Callao, seguidos por Piura, La Libertad e Ica.
Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del reporte, sostuvo que la extorsión continúa siendo un delito con altos niveles de impunidad.
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