El aimarazo, a cuatro años de la huelga antiminera

El dirigente aimara, Walter Aduviri Calizaya, saltó a la palestra en mayo del 2011 tras haber liderado el denominado "aimarazo".

ANTECEDENTES. Aquel año, una turba de manifestantes proveniente de la zona sur de Puno y que se oponía a las concesiones mineras, ocasionó cuantiosos daños en el local de Aduanas, Gobernación, Sunat y Contraloría General de la República, sedes ubicadas en la capital de la región altiplánica.

DENUNCIAS. Al término de lo ocurrido, las denuncias no se hicieron esperar. Es así que la procuradora adjunta, especialista en delitos contra el orden público, Rosalbina Vilela Álvarez, solicitó una reparación civil por la quema de locales públicos durante la acometida aimara, por 5 millones de soles.

Este monto, se pedía que fuera asumido solidariamente por los más de treinta procesados por este caso. Después de un año y a pesar de los argumentos de los líderes aimaras quienes en todo momento negaban haber sido los propiciadores del caos en la Ciudad del Lago, el fiscal, Miguel Alfaro Gonzáles, de la Primeria Fiscalía Penal Corporativa de Puno, formalizó denuncia en contra de Aduviri y 31 dirigentes que pertenecían al Frente de Defensa de los Recursos Naturales (FDRN) de la región.

Para el representante del Ministerio Público, el autor mediato del saqueo e incendio de locales públicos durante el "aimarazo" fue el líder de los pobladores aimaras.

Para determinar el grado de responsabilidades se pidió levantar el secreto bancario y el de las telecomunicaciones para saber si la horda actuó premeditadamente.

Han pasado cuatro años, y todavía nada ha prosperado, en reiteradas ocasiones Aduviri y los otros dirigentes implicados no han acudido a la citación fiscal.

CANDIDATO. Es más, este año Aduviri está promoviendo su candidatura a la presidencia regional de Puno, a través de la agrupación política Democracia Directa.

Fiel a su estilo, el dirigente aimara, días atrás, dijo sentirse amenazado por los intereses económicos de otros personajes, que estarían buscando la manera de anular su participación en la fiesta democrática de octubre.

Paralelamente, Walter Aduviri Calizaya, expresidente del FDRN, continúa afrontando el proceso en su contra por el "aimarazo", con libertad restringida; al igual que los otros denunciados, él debe acudir a firmar cada mes al Poder Judicial.

Por su parte, el Ministerio Público continúa con las investigaciones y, se desconoce sobre la fecha en que este proceso sea llevado a audiencia, para determinar responsabilidades por los daños ocasionados el 26 de mayo del 2011.

CRONOLOGÍA. Febrero del 2011, un grupo de dirigentes y tenientes aimaras llegan a la ciudad de Puno para pedir audiencia con el presidente regional Mauricio Rodríguez. Su intención era que emita un pronunciamiento prohibiendo la minería en el sur. El 10 de mayo del 2011 se inicia una huelga indefinida en contra de las concesiones mineras de la zona sur de la región Puno;#el 20 de mayo del 201, el viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, anunció que el Gobierno viene cumpliendo el acta suscrita con las autoridades y dirigentes de Puno, prueba de ello es la Resolución Viceministerial que declara el cerro Khapia como patrimonio cultural de la Nación.

El 24 de mayo 201, la población aimara en un número mayor a las cinco mil almas expresan al unísono "no a la minería" porque atenta a la Pachamama, madre de la existencia en el altiplano. Se cumplió entonces 15 días de huelga.

El 26 de mayo del 2011, la huelga aimara llegó a su máximo nivel de violencia, la tarde de este día varias delegaciones de comuneros rodean las principales instituciones de Puno y empezaron a saquear. Fue una noche intranquila para la Ciudad Lacustre. Y el 27 de mayo 2011, el viceministro de Minas, Fernando Gala, sostuvo que es "inviable" cancelar por decreto supremo las concesiones mineras y petroleras en Puno, como demanda la población, porque afectaría la seguridad jurídica del país.

MINERÍA. A raíz de las protestas violentas en la ciudad de Puno, que generó pérdidas materiales en junio del 2011 el expresidente Alan García canceló la concesión del proyecto Santa Ana de Bear Creek Mining, la misma que había sido concedida en el año 2007 y la que buscaba iniciar la explotación de plata en el distrito de Huacullani- Chucuito, en los primeros meses del 2012.

Inmediatamente Bear Creek inició acciones legales para defender sus derechos y el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.

En febrero de este año, la compañía canadiense advirtió al Gobierno, que si no se logra un "acuerdo amistoso" tras la cancelación en Santa Ana, iniciarían un proceso de arbitraje internacional contra Perú de acuerdo al TLC entre Canadá y Perú.

La empresa señaló que la mina de Santa Ana contiene unas reservas probables de 63,2 millones de onzas de plata.

LUZ VERDE. En el mes de mayo , el Primer Juzgado Constitucional de Lima, a través de la resolución de Nº 28, determinó inaplicable el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 032-2011-EM y la posibilidad de una gran inversión en el sur de la región había regresado.

Sin embargo, la empresa Bear Creek Mining Company anunció que no afectará la tranquilidad social, por lo que se descartó realizar acciones de operación o exploración en la zona de influencia del proyecto Santa Ana mientras no obtengan la licencia social correspondiente.

Con esta resolución la empresa Bear Creek Mining Company podrá seguir ejerciendo libremente los derechos mineros adquiridos bajo el amparo del Decreto Supremo N° 083-2007-EM en la etapa en que se vulneró sus derechos; esto es, en la etapa de la implementación de las audiencias públicas destinadas a informar a las poblaciones y autoridades acerca de los lineamientos y detalles del Estudio de Impacto Ambiental.

Asimismo, dicho juzgado declaró vigentes, el reconocimiento de la inversión privada a efectuar por Bear Creek en el desarrollo del proyecto minero Santa Ana como una de necesidad pública; y la titularidad de Bear Creek sobre los siguientes derechos mineros ubicados en el departamento de Puno, en la zona de frontera con Bolivia: i) KARINA 9ª con código 01-01462-04; ii) KARINA 1 con código 01-01463-04; iii) KARINA 2 con código 01-01464-04; iv) KARINA 5 con código 01-03676-04; v) KARINA 6 con código 01-03678-04; y vi) KARINA 7 con código 01-03677-04.

DIÁLOGO. El vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Bear Creek Mining Company, Andrés Franco, explicó que la empresa está preocupada por hacer bien las cosas, por tal razón se buscará un canal de diálogo con las poblaciones locales.

De igual manera el miembro de la comisión de Sociedad Civil para la Demarcación Territorial del centro poblado de Challacollo, Víctor Huarahuara, manifestó estar de acuerdo con iniciar el proceso de diálogo con la mencionada empresa.

En tanto, el presidente de la zona de Condorancocahua, Sixto Vilcanqui, señaló que los tres sectores que abarca el proyecto están de acuerdo con la inversión privada; por ello, invocó a los pobladores os a dialogar sobre el tema.

Minera El depósito Santa Ana produciría 5 millones de onzas de plata al año y alberga reservas por 63.2 millones de onzas de ese metal precioso, de acuerdo a la compañía. Antes de la cancelación de la concesión, Bear Creek tenía previsto invertir unos US$ 71 millones en el desarrollo de Santa Ana.