El día del voto de confianza del premier Pedro Cateriano se presentaron los ministros en el Congreso, entre estos se encontraba Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, que afirmó que el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habría presentado la minera Southern Copper Corporation había subsanado los 138 comentarios o hallazgos del primer EIA. Ante esto, la congresista Verónika Mendoza le indicó que también sería bueno revisar las 14 sanciones que tiene esta empresa en la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Southern, como se puede visualizar en la OEFA. Hecho que se repite en los países donde también se encuentran las subsidirias del Grupo México,dueño de Southner, como revela un reportaje del diario El País donde se muestran las grandes daños que vienen causando en España y México.

Como apunta el diario El País, esta semana en España le ha sido suspendida una concesión por supuestos amaños en el trámite de adjudicación de una explotación y en nuestro país el Gobierno ha roto las conversaciones que mantenía con ella para un proyecto minero hasta que se aclare la sospecha de que trató de sobornar al 

El caso judicial que envuelve en España a Grupo México (asociado en este caso a la española Minorbis) implica acusaciones de cohecho, prevariación y tráfico de influencias en la adjudicación de la explotación de una mina de plomo, cobre y zinc por un periodo de 30 años

Incluso en su propio país, México, sucedió un derrame de 40.000 metros cúbicos de residuos tóxicos de sulfato de cobre en dos ríos en el Estado de Sonora en 2014. Las autoridades determinaron que la empresa había tardado más de 24 horas en dar parte del accidente. El Gobierno lo calificó como “el peor desastre ambiental” en la historia de la minería en México y obligó a la compañía a crear un fideicomiso de 150 millones de dólares para resarcir los daños provocados. 

La tragedia persigue a este grupo pues causaron la muerte en 2006 de 65 mineros en la mina de carbón de Pasta de Conchos. Una explosión provocada por una alta concentración de gas metano sepultó bajo tierra a los trabajadores y sólo se lograron recuperar dos cuerpos. En aquella ocasión la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que acreditó que la mina no contaba con las medidas de seguridad necesarias.

La polémica en nuestro país surgió por la difusión de una grabación en la que un líder social ahora detenido trata con un abogado la posibilidad de pedir dinero a la empresa a cambio de acallar sus protestas contra la construcción de la mina de cobre de Tía María. 

Con información de Convoca y diario El País