El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Casma, Luis Alarcón Llana, ha decidido mantenerse en la clandestinidad luego de que el Poder Judicial ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por estar implicado en un grave caso de corrupción. Es decir, replicó el comportamiento que adoptaron otras exautoridades de Áncash, acusadas de haber usado el poder público para obtener un beneficio, y que -pese al paso de los años- no han podido ser ubicadas por la Policía.
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A poco más de medio año de haber culminado su mandato como burgomaestre, Alarcón Llana se encuentra oculto, al margen de la ley, reacio a colaborar con la justicia. La Fiscalía lo sindica de ser el cabecilla de “Los Bravos de Casma”, organización criminal que presuntamente se apropiaba del combustible de la comuna provincial.
Al conocer sobre la orden de prisión preventiva en su contra, dictada a inicios de julio último, Luis Alarcón decidió esconderse, formar parte de la larga lista de exautoridades de Áncash que se encuentran prófugas de la justicia.
En dicho grupo figuran los exalcaldes de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, quienes fueron sentenciados a cuatro años de cárcel por el delito de colusión en el emblemático caso de “Los Semáforos Inteligentes”.
La condena fue emitida en julio de 2018 (incluso ha sido confirmada en segunda instancia) y desde entonces no se sabe nada del paradero de estas personas, pese a que sus nombres figuran en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter). Por información que conlleve a estas capturas, se ofrece una compensación de 20 mil soles.
Otro prófugo es el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Yaután (provincia de Casma), José Luis del Carpio Melgarejo, quien fue condenado a cinco años de cárcel por colusión, luego de haber favorecido a una empresa con la compra de maquinarias por más de un millón de soles. Han pasado ocho años desde que se ordenó su captura y el exburgomaestre no puede ser ubicado.
Del mismo modo, Javier Medina Melgarejo, quien se desempeñó como alcalde del distrito de San Marcos (considerado el más rico del Perú debido al dinero que recibe por el canon minero), se encuentra escondido desde el 2016 por actos de corrupción. El Mininter ofrece una recompensa de 30 mil soles por información que ayude a la Policía a capturar a este exburgomaestre.
Otro nombre que figura en la lista de prófugos es el de Valentín Fernández Bazán, quien en tres oportunidades se desempeñó como alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. Desde octubre del 2021, el hermano del actual burgomaestre de Trujillo se encuentra en la clandestinidad. El Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva para el médico, quien es procesado por asociación ilícita para delinquir. Según la tesis de la Fiscalía, el exalcalde sureño habría usado a su entorno familiar y amical para “blanquear” dinero procedente de presuntos actos de corrupción durante sus gestiones.
LA POLICÍA
Consultado sobre la sensación de impunidad que genera el hecho de que los exalcaldes sigan sin responder a la justicia; el jefe policial de Áncash, coronel PNP Gastón Alzamora Solorzano, mencionó que la Policía Judicial, con ayuda de la Oficina de Inteligencia, realiza todos los esfuerzos para ubicar y detener a las personas que cuentan con requisitorias.
“El plan de operaciones es permanente, no solo para una persona sino para todos (los requisitoriados). A diario salen resultados positivos: se capturan uno, dos o tres”, respondió.
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Pese a que algunas exautoridades llevan hasta ocho años al margen de la ley, el alto oficial se mostró confiado de que en algún momento serán capturadas.
“Los brazos de la justicia, de todas maneras, algún momento los van a alcanzar”, sostuvo el máximo representante de la Policía en Áncash.
