Fiscalización del Congreso investigará al Gobierno Regional

El pleno del Congreso de la República le otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar en un plazo de 120 días los presuntos casos de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash.

LOS CASOS. El parlamentario ancashino Modesto Julca Jara expuso los cinco casos emblemáticos de corrupción que existirían en la gestión de César Álvarez.

El primero fue la sobrevaloración de la compra de 79 ambulancias (cada una valorizada en 25 mil 893 nuevos soles) y la reconstrucción y mejoramiento de la avenida José Pardo. Obra que no se ha culminado y está valorizada en más de 42 millones de nuevos soles.

También la sobrevaluación del canal de Wecrococha presupuestado en 4 millones de soles. Según Julca ya se ha gastado el 85% del presupuesto y "la obra no existe".

Precisó además sobre la rehabilitación, mejoramiento y construcción de 99 kilómetros de la carretera Callejón Huaylas, Chacas, San Luis que está valorizada en más de 404'826,000 soles, la cual estaría sobrevalorada en 3 millones de soles.

Además se habría falsificado la firma del difunto presidente regional encargado José Sánchez Milla en el convenio con la constructora.

El Ministerio Público viene investigando este caso. Otro de los casos emblemáticos, es la construcción del estadio Rosas Pampa de Huaraz.

En un inicio se había presupuestado en 17 millones y después costó 47 millones de soles. Además habría negligencia en su edificación. El expediente 104-2010 se viene investigando en la Fiscalía Anticorrupción.

DICE QUE NO TEME. Álvarez declaró que acudirá a la Comisión de Fiscalización para esclarecer los presuntos casos de corrupción. "Voy a acudir a las citaciones, no tengo nada que ocultar, colaboraré con la investigación", expresó a TV Perú.

Consideró que las acusaciones contra su gestión responden a ataques de índole político. Dijo que su gestión es transparente y sujeta a la Contraloría.

DATO: En Chimbote, el consejero oficialista Juan Chuiz Villanueva opinó que no le incomoda esta investigación, sin embargo, consideró que se trata de una "fiscalización política". En otro momento, reconoció que no ha denunciado ningún hecho de corrupción en la gestión de Álvarez.