Gobierno de Javier Atkins deja pérdidas por S/.2.4 millones

Otra vez la corrupción. Un perjuicio económico al Estado de más de S/.2.4 millones habrían dejado las presuntas irregularidades cometidas en la región Piura por el gobierno de Javier Atkins Lerggios, informó la Contraloría General de la República.

Los gastos innecesarios fueron detectados en las municipalidades distritales de La Unión y Castilla, en la provincia de Piura, mientras que en la Municipalidad Provincial de Sullana se detectó indicios de corrupción en obras de saneamiento. Por todo esto, la Contraloría procedió a realizar las denuncias penales contra los presuntos responsables por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.

DÉFICIT. Las pérdidas que los funcionarios habrían causado en la comuna piurana de Castilla llegarían a S/.1'565,163. Este déficit fue detectado en la ejecución de obras para la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, así como para la construcción de pistas y veredas del distrito.

Además, se evidenció el presunto favorecimiento a un contratista, a quien se le pagó en exceso S/.1'433,380 por partidas no ejecutadas y que no cumplieron con las especificaciones en la obra de "Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector noreste de Castilla".

El proceso de selección y ejecución de la obra "Construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana Felipe Cossío del Pomar" dejó también pérdidas por más de S/.131,783.

En tanto, en el municipio de La Unión se detectó un perjuicio de S/.851,257, que se expresa en la ejecución de la obra de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano. Según los investigadores, allí se realizaron pagos por trabajos no ejecutados. También se halló indicios de que se habría favorecido reiteradas veces al único postor que se presentó.

En enero del 2014, el concejo de La Unión acordó declarar en emergencia el sistema de alcantarillado del casco urbano y se decidió contratar a un consorcio que culmine la obra por S/.4'337,335 en un plazo de 180 días.

Se otorgó la buena pro a un consorcio integrado por dos empresas, una de las cuales carecía de experiencia en ejecución de obras. Durante la suscripción y ejecución del contrato, se aceptó que el consorcio ganador presente cartas fianza emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Emprendedores (Coopem), entidad que no se encontraba supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.