Acuden a la CIDH para que intercambio prestacional con clínicas se aplique en pacientes COVID-19

Texto: Gabriel Mazzei y Sofía López

“Desde el 6 de julio, mi madre Iris Margot Chávez Maita se encuentra en la clínica Jesús del Norte (Independencia), con coronavirus avanzado. Pero mis deudas se han ido incrementado conforme pasan los días. Le pido a las autoridades que se aplique el acuerdo para el traslado a las clínicas”, nos dice Ana María Castro Chávez, hija de Iris Margot, al detallar que su deuda para la atención de su madre asciende a 20 mil soles.

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“Eso es una parte de un total de 39 mil soles. Yo la llevé a esa clínica luego de ver que el primer hospital al que acudí, el Sergio Bernales (Comas) esta colapsado. Me pedían que para la atención debía llevar oxígeno. Ya en la clínica, tuve que pedir préstamos para llegar a la cantidad mínima de 20 mil soles”, nos cuenta Castro por teléfono.

Sus lágrimas denotan la desesperación de la hija que no sabe a qué atenerse con el delicado estado de salud de su madre.

Medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Tras conocer este y otros casos, el abogado Miguel Soria presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que se aplique de manera efectiva el intercambio prestacional, instrumento gracias al cual los pacientes COVID-19 pueden atender se en clínicas por encargo y financiamiento del Estado.

La CIDH, que ya recibió el pedido, lo evaluará en los próximos días y emitirá una respuesta, en atención a la urgencia de los casos.

En el documento, al que accedió Correo y que tiene como fecha el 4 de julio, Soria indica que el convenio arribado con los establecimientos de salud privado -y cuya base legal es en un decreto legislativo- no se está aplicando, en perjuicio de los pacientes con el nuevo coronavirus.

“Existen personas (....) cuya vida corre el riesgo real e inmediato de ser lesionada por la omisión del Estado peruano de trasladar a dichos pacientes a otras entidades prestadoras de salud públicas, privadas o mixtas para que, con la adopción de todos los mecanismos a su alcance, y en aplicación de las leyes vigentes, procuren salvar sus vidas”, reza la medida cautelar.

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150 pacientes internados en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador

Soria, también ex viceministro de Derechos Humanos, da cuenta de dos casos de urgente atención, pero aseguró que el recurso interpuesto pueden extenderse a otros 150 pacientes internados en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (Hospital 200 millas) y que sean trasladados a clínicas que tengan disponibles camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), las que ellos necesitan para poder salvar sus vidas.

Soria relata que dio a conocer esta situación al presidente de la Comisión COVID-19 del Congreso, Leonardo Inga (Acción Popular), el pasado 2 de julio para que interceda ante el Minsa por estos pacientes. No obstante, asegura que no hubo respuesta.

El abogado también indica que remitió una copia al despacho del presidente de la República, Martín Vizcarra, y al Ministerio de Salud.

Soria refiere que ante las negativas acudió a la instancia internacional, pues ya se había agotó la vía interna.

¿Cuáles son los dos casos que requieren urgente atención y que dio a conocer a la CIDH?

Leoncia Adolfina Palacios Cáceres está internada en el hospital de Villa El Salvador desde el 12 de junio, infectada con el coronavirus.

Sus familiares narran que, para la atención en dicho centro de salud, los médicos dijeron que debía esperar, pues delante de ella, había 150 pacientes. En ningún momento -agregan- les brindaron mayor información sobre alguna gestión para su traslado a una entidad prestadora de salud, sea pública o privada.

El segundo caso involucra al paciente Antideo De la Cruz Escobar, quien permanece internado en la clínica Jesús del Norte desde el 23 de junio, luego de que fuera rechazado por el hospital Sergio Bernales de Collique.

Su atención -se lee en la medida cautelar- fue condicionada al previo pago por la consulta médica: 135 dólares por el oxígeno, atención de un médico especialista e implementos de bioseguridad.

Además, su hija ha tenido que reunir el 80% de la garantía, que asciende a 25 mil 600 soles.

Soria, en la medida cautelar, pide que el Seguro Integral de Salud cubra los gastos de atención médica y proceda con la devolución adelantada a la hija del paciente.

Necesidad de ampliar la cobertura de los contratos

Por su parte, Sebastián Céspedes, vocero de la Asociación de Clínicas Privadas (ACP), destacó la necesidad de ampliar la cobertura de los contratos para el intercambio prestacional.

En diálogo con Canal N, el médico explicó que, en vez de contratar a 14 centros privados para Lima, se debería tener contratos con 30, con lo que se aumentará la posibilidad de que se encuentren camas UCI disponibles.

“Lo que siempre hemos invocado es que amplíen la cobertura de servicios para que contraten a la mayor cantidad de clínicas posibles y que solo se ejecute este contrato cuando ellos derivan al paciente, porque esa la manera más práctica”, aseguró.

Céspedes reiteró que la decisión de derivar a un paciente no está en la clínica, sino en el SIS y EsSalud.

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