Nasca. Mirar los desiertos de Nasca supone avistar muchos huarangos en la sequedad de los suelos y en los linderos de terrenos privados, justamente ese capricho de la naturaleza, la última semana confrontó dos posiciones en el ruedo legal: la desatada por la autorización de corte de 13 huarangos, emitida por la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre (ATFFS) Ica, ex INRENA; y otra, que es la prohibición de la tala indiscriminada por parte del Gobierno Regional (GORE) a través de una norma expedida en el 2007.
¿legal?. El terreno donde se levantó las disconformidades, fue en el predio de Ramón Elías de la Quintana, dueño del fundo "Paraíso". Aquí, a más de 25 minutos de la ciudad de Nasca, cerca a las ruinas arqueológicas de Cahuachi, se pudo encontrar más de 20 sacos de carbón de huarango y espino, luego de una inspección por parte del Procurador y las autoridades forestales del GORE, quienes enterados del exceso, realizaron la visita juntamente con la Dra. Mithsy Corrales Carpio, representante de la Fiscalía de Nasca y funcionarios del ATFFS Ica.
"Tocones". Sin embargo, en la diligencia se pudo comprobar que de los 16 huarangos talados, 13 tenían la autorización de ATFFS, y los demás no, por lo tanto se va investigar para comprobar si están dentro del terreno de Ramón Elías o del Estado, o en todo caso, si son los árboles por lo cuales pidió autorización. Además, el carbón que se encontró trabajando proviene de los "tocones" (raíces añejas) talados hace más de dos años, cuando ese predio fue arrendado a Guillermo Gustavo Ramos Arce, quien ya tiene un proceso penal por este delito. "Estos son tocones antiguos que quedaron, sin ninguna mala intención pensé que lo podía aprovechar, ya que estaban cortados hace años", explicó Ramón Elías. "Mi único error fue no pedir autorización por los tocones", agregó.
El allanamiento de talas recientes en terrenos inciertos, permitió que se levante un acta de carácter preventivo, con el fin de cruzar informaciones por parte de ambas instituciones que defienden sus posiciones con normas vigentes.
Posiciones. Para el director regional de Agricultura, Carlos Portugués López, se tiene que determinar con exactitud si los hechos están dentro de la propiedad del Estado. "Con las coordenadas que se han sacado, pasaremos a pedir la información a Registros Públicos a fin de determinar si el área depredada es propiedad privada o del Estado", dijo.
Por su parte, el biólogo Alan Flores Ramos, funcionario de ATFFS, manifestó su disposición de fundamentar la autorización de la poda, emitida por su institución.
"Hay un permiso dado a la propiedad privada y estamos a ley; y sobre los tocones, no existe una norma por lo que se puede considerar como un aprovechamiento maderable, vamos a enviar un documento a la policía para que se investigue el tema y en base a eso se va a tomar las acciones correspondientes", expresó.
Las investigaciones tienen un periodo de 30 días, en este lapso las autoridades establecerán si hubo delito o no, pero los daños ecológicos son irreparables y en este caso se debe deslindar la incongruencia de las normas.
