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La Fiscalía Penal de Apelaciones solicitó ayer ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones, se revoque la orden de comparecencia dictada a favor del cuestionado dirigente de invasores Gil Zapana Huaricallo y su socio Abraham Benito Paredes.
Según la fiscal del caso María del Rosario Lozada Sotomayor, los procesados habrían presentado documentación falsa para probar su arraigo laboral y domiciliario.
Gil Zapana sustentó como arraigo laboral un contrato celebrado con Daniel Lipa Nina para trabajar en su cevichería El Jack; sin embargo, la Fiscalía constató que en dicho local nunca laboró el dirigente, indicó Lozada Sotomayor.
Por su parte, Benito Paredes, incurrió en un similar hecho al presentar un contrato de trabajo celebrado con Cirilo Achinquipa Ccapa. Este también negó haberlo llamado a laborar como electricista.
En otro momento, Lozada Sotomayor señaló que, las viviendas asentadas en terrenos invadidos no son suficientes para acreditar arraigo domiciliario, dado que no cuentan con un título de propiedad y por lo cual carecen de legalidad.
En este caso, Abraham Benito Paredes sustentó su vivienda en la asociación Chachani II en Cerro Colorado mientras que Gil Zapana alegó vivir en la asociación Señor de Los Milagros en Cayma.
"Las asociaciones de invasiones son un problema social que no puede ser avalado", indicó ante la Sala.
La audiencia tuvo que ser suspendida para el próximo 9 de setiembre debido a que el pedido de apelación del abogado defensor de Gil Zapana no fue aceptado por los magistrados de la Sala.
El abogado de Gil Zapana solicitó en audiencia, se revoque la comparecencia de su patrocinado. El magistrado le hizo un llamado de atención por contrariar los criterios de defensa.
