Invasores tienen peligrosas relaciones con el Ministerio Público

Apoco de conocerse una nueva decisión judicial para el caso de la invasión del fundo Morogachi (Juliaca), Correo hizo seguimiento al tema, descubriendo las peligrosas relaciones que las mafias dedicadas a usurpar tierras lograron en instituciones como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Existen dos casos simbólicos de invasiones en la ciudad de Juliaca: el del fundo Miraflores que ya se desalojó el año pasado, y el de Morogachi, cuya situación legal está al compás de espera a raíz de continuos cambios de los fiscales que ven el caso.

En todo este transcurso, Diario Correo reveló el peligroso vínculo de algunos operadores de la fiscalía con los invasores, con consecuencias lamentables como las sacadas de vuelta a la ley por parte de los usurpadores o la huída de muchos de estos ante las órdenes de captura que dictó el Poder Judicial.

MIRAFLORES. La invasión del fundo Miraflores ocurrió octubre del año 2012, un aproximado de 500 personas ocuparon 40 hectáreas de terrenos ubicados en la salida a Arequipa de la Ciudad de los Vientos. Los usurpadores aducían entonces que el predio pertenecía a Feliciano Castillo Rodríguez, cuando el Poder Judicial determinó otorgar la ministración provisional a la familia Condori Carita; en pocos días alrededor dos mil personas empezaron a construir unas casuchas de ladrillos y barro en casi las 300 hectáreas usurpadas.

En este caso, los invasores tenían contactos con el entonces fiscal Ángel Lima Condori, puesto que su propia hermana Susana Lima Condori participaba activamente en las reuniones como parte de la cúpula mayor de los ilegales.

Según nuestras fuentes, el exfiscal colaboraba con la invasión informando sobre las acciones que preparaba la Fiscalía de Prevención del Delito o incluso de la Policía Nacional, es decir, la mafia invasora hacía un seguimiento estricto a las autoridades que estaban a cargo del caso.

Los indicios fueron más evidentes cuando el Ministerio Público separó a Ángel Lima del cargo de fiscal; poco antes (3 de enero del 2013) el Poder Judicial dictó la orden de captura para 9 cabecillas invasores, incluyendo a la hermana del entonces representante del Ministerio Público.

Otro hecho a resaltar es la sorpresiva intervención del hermano del actual fiscal de la nación José Antonio Peláez Bardales, Edmundo Peláez, quien visitó las instalaciones del Poder Judicial de San Román, y se presentó como el abogado defensor de uno de los invasores, pretendiendo influir en la disposición judicial y evitar el desalojo. La presión mediática evitó frustrarlo todo, pues Miraflores se recuperó.

Uno de los voceros de los nueve propietarios de Miraflores, Rodolfo Condori, afirmó a Correo que la influencia de los invasores en la policía y fiscalía se notó desde el primer día de los actos ilegales, "Hemos alertado a la policía, USE, nadie nos hizo caso, la prensa ha publicado suficientes indicios de lo que ocurría", dijo.

El fundo Miraflores se encuentra en la actualidad en proceso de habilitación urbana y en los próximos años se convertirá en una zona residencial, según prometen los actuales poseedores de la ministración judicial.

MOROGACHI. La invasión del fundo Morogachi, ubicado en la salida a Huancané de Juliaca, data del año 2011, aunque cobró notoriedad recién en el 2012; más de mil usurpadores armados ocuparon unas 70 hectáreas de aproximadamente 140 hectáreas que mide el predio, la otra parte permanece hasta hoy en manos de sus propietarios.

El fiscal involucrado con este otro caso de invasiones fue Basilio Auma Pari, titular de la Primera Fiscalía Corporativa de San Román, quien estaba a cargo de la investigación. Los afectados acusaron a este personaje de estar coludido con los traficantes, razón por la que diversas diligencias se retrasaban o frustraban.

Correo publicó la foto de la referida autoridad caminando campante en la "zona roja", es decir donde nadie -a no ser que sea de confianza- podía circular sin autorización de los dirigentes de los poseedores.

Auma fue fotografiado a lado del abogado defensor de los usurpadores y cerca de Giuliano César Ubillas Lizárraga (prófugo de la justicia), cabecilla de la mafia implicada en invasiones de Morogachi y Miraflores.

Tras esto, el Ministerio Público apartó de la investigación a Auma Pari, en su lugar fue encargado el fiscal Guido Pilco Delgado, este avanzó un tanto, pero también fue cambiado de manera intempestiva cuando iba a obtener la confesión del invasor (hoy preso por estar involucrado en Miraflores y Morogachi), David Sebastián Mamani Turpo (48), quien ya antes había contado a las autoridades todo el modus operandi de las mafias en Miraflores.

En lugar de Pilco se hizo cargo la fiscal Silvia Álvarez Mita, ella duró poco, puesto que los invasores interpusieron un Hábeas Corpus en su contra en un juzgado de Islay (Arequipa), la medida procedió, la fiscal apeló, pero fue apartada antes de tomarse la decisión final.

La historia sigue tras esto, puesto que el Ministerio Público puso a cargo de Morogachi al abogado Jesús Muñoz Cáceres, quien antes de ser fiscal asumió la defensa legal de algunos de los invasores.

El caso se complicaría más, si se tiene en cuenta la designación del abogado Omar Herrera Corbacho como coordinador de fiscales en la provincia de San Román, cuando según nuestras fuentes, también habría sido defensor de acusados de tráfico de terreno. "Ha sido designado directamente desde Lima", dijo nuestra fuente respecto a este último fiscal. Sobre él, hay que aclarar que habría decidido apartarse del caso Morogachi ante un posible cuestionamiento por su pasado.

Hoy por hoy, los propietarios del fundo han mostrado preocupación porque no habría fiscal a cargo del tema.

No obstante, extraoficialmente se sabe que estaría a cargo de la fiscal Sonia Mita Barrionuevo.