Redacción Diario Correo

El Ministerio Público realiza un megaoperativo de allanamiento e incautación de diversos inmuebles en siete ciudades del Perú, vinculados al alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el caso Alas Peruanas.

Dichas diligencias están a cargo del segundo despacho de Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y se realizan en paralelo en Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.

Cabe indicar que las propiedades afectadas están vinculadas a Joaquín Ramírez, su hermano el exparlamentario Osías Ramírez y Pier Figari.

Además de Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Rosa Amparo Castañeda Cubas, Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Edmond Jordán Montes, Marco Antonio Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Morales y Marcos Aponte.

“Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas”, señaló el Ministerio Público.

Este megaoperativo incluye también la incautación de objetos e información útil y relevante para la investigación, alcanza también a las personas jurídicas como la Universidad Alas Peruana S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Compañía General de Combustibles Granel S.R.L., Capricornio Import S.A.C., Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II S.A., Mondreu S.A.C., e Imporgraf S.A.C.

El Ministerio Público se encuentra investigando a los mencionados por formar parte de una presunta organización criminal que integraría Joaquín Ramírez y otras personas en su entorno, para cometer lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

Por este caso, en abril del año 2023, el Poder Judicial autorizó la incautación y allanamiento de unos 300 bienes vinculados a Alas Peruanas.

Asimismo, se admitió el requerimiento de S/700 millones por concepto de reparación civil que pidió la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

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