Juzgados de tránsito tienen exceso de carga procesal

De los 51,572 accidentes de tránsito ocurridos en el país durante el año 2014, Lima registra el 52%, es decir, 27 mil. Para afrontar esta situación, la capital cuenta desde 2013 con seis juzgados de tránsito. Solo en el Cono Norte hay más de mil expedientes atendidos por un solo juez, quien enfrenta diariamente los casos más inverosímiles, complejos y siniestros.

“Hace un mes, un chofer fue sentenciado a 10 años de prisión efectiva. Había desenganchado su camión en una pendiente del cerro de Comas y se estrelló contra el frontis de un colegio. Mató a tres personas y dejó heridos a dos niños (...) ¿Por qué lo hizo? Dice que quería ahorrar gasolina... ¿Puedes creerlo?”, comenta Clara Celinda Mosquera Vásquez, magistrada especializada del Juzgado de Tránsito de Seguridad Vial de Lima Norte, ente judicial con la mayor carga procesal de la capital.

Su juzgado abarca todas las incidencias de tránsito de Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y la provincia de Canta, zonas neurálgicas.

Mil procesos. Esta situación ha generado que desde el 1 de marzo de 2014 a la fecha la carga procesal llegue en esa sede judicial del Cono Norte a unos 1783 expedientes, cuando los estándares judiciales disponen que un juzgado maneje 500 procesos para funcionar adecuadamente. A ello se suman los despachos diarios con litigantes y otras actividades.

“Con casi 1800 expedientes, esto es una locura. Si tú vienes en la mañana, esto es un hervidero de gente. Hay días que sentencio a 10 personas de golpe. Hoy tuve afuera a 30 personas (...) Yo me encargo de los temas jurisdiccionales y administrativos. Tengo oficios por contestar y no tengo tiempo (...) Hoy me tengo que llevar tres tomos a casa y debo amanecerme”, sostiene Mosquera.

En 20 días. Sin embargo, para Mosquera, como para muchos especialistas, la creación de juzgados de tránsito ha logrado descongestionar la carga procesal que antes afrontaban una veintena de juzgados penales de Lima, los que debían ejecutar, además de estos procesos viales, homicidios y violaciones, entre otros delitos.

En ese sentido, lo que se resolvía en cuatro años por un juzgado penal, hoy se logra hacerlo en 20 días a través de un juzgado de tránsito. Una de las medidas legales aplicadas para acelerar los trámites es la “terminación anticipada”, que permite realizar una audiencia entre el juez, el fiscal, el procesado y los abogados para acordar las penas y la reparación civil a las víctimas. De esa manera se evita un largo procedimiento penal.

“En tránsito, te centras en temas de accidentes y cuatro o cinco delitos (proceso de conducción por estado de ebriedad, omisión de socorro, fuga, accidente con lesiones y homicidio). La ventaja es que podemos establecer los nuevos métodos de trabajo”, agregó.

400 Borrachos. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. De 2013 a la fecha se dictaron en este juzgado 447 sentencias. La mayoría fueron sobre simples accidentes sin fuga, donde generalmente las víctimas contribuyeron a la negligencia. Según los registros de este juzgado, el 70% de los procesos son por conducción en estado de ebriedad, sin llegar a provocar un accidente o muerte.

En un año, Mosquera sancionó con jornadas de trabajo de 52 a 162 horas a unos 400 choferes ebrios.

“Todos mis borrachitos se van a trabajar. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) los hace limpiar calles y municipalidades”, cuenta.

prisión. Sin embargo, de las 447 sentencias, hay también una veintena de casos que terminaron en cárcel. Se trata generalmente de accidentes con lesiones, delitos cuyas penas son de cuatro a seis años de prisión, y los homicidios (accidentes que causan muertes), de cuatro a ocho años. Sin embargo, Mosquera no aplica para todos estos casos la prisión.

Para estos procesos, señala, el juez usa una facultad que da la ley, y es convertir la pena en jornada de trabajo. Por ejemplo, un anciano que cruza la Panamericana Norte sin usar un puente peatonal y un chofer lo atropella y mata. A este se le puede dar cuatro años de trabajo y pago de reparación civil.

“No ganaría nada mandando a alguien que no tiene antecedentes a la cárcel, salvo en caso extremo. Si es una persona de bien, que infringió las normas de tránsito, y lamentablemente atropelló a alguien, ¿qué hago mandándolo a prisión? La cárcel es la última salida”, señala.

Gravedad. La prisión se aplica tras una revisión de todo el contexto en que ocurrió el accidente, con lesiones u homicidio. Por ejemplo, en el caso de un chofer ebrio que embistió con su auto a un peatón y fugó, se acordó con el fiscal cinco años de prisión (terminación anticipada), pues la víctima también estaba ebria.

Otro caso emblemático fue el de la regidora de Ancón Medalit Gianina Carhuancho Granados, quien en marzo de 2014 atropelló y mató a una niña y dejó herido a su hermano. En este caso se condenó a Carhuancho a 15 años de prisión por homicidio culposo, toda vez que no tenía brevete, era funcionaria pública y no auxilió a las víctimas,

“De un funcionario público esperas mejor conducta. Eran dos niños que transitaban lejos de la pista cuando ella manejaba a toda velocidad. Había varios delitos”, precisa.