La esperada reunión para abordar la transferencia del proyecto Majes Siguas, celebrada hoy en Caylloma, concluyó sin acuerdos. En el encuentro participaron los pobladores de diversos distritos, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero: el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez; y seis consejeros regionales, entre ellos Fernando Cornejo, César Huamantuma, Yesenia Choquehuanca, Natividad Taco, Juan Carlos Huanca y Osías Ortiz. Otros consejeros no pudieron asistir debido a la falta de movilidad.
Varios representantes de la comunidad tomaron la palabra durante la reunión. Sacarías Sanca, representante de Pusa Pusa, expuso que existen dos grupos afectados por el proyecto Majes Siguas: aquellos que ya vendieron sus terrenos y los que vivirán cerca del proyecto. Sanca enfatizó que no permitirán la ejecución del proyecto sin la implementación de proyectos de envergadura en Pusa Pusa, argumentando que actualmente no tienen nada en esa zona.
Exigencias en reunión
Otra asociación presente en la reunión solicitó que primero se ejecute Majes Siguas I y que se realice una puesta a punto del proyecto antes de avanzar. Estas demandas reflejan la creciente preocupación de la población local sobre los impactos y beneficios del proyecto.
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Asimismo, durante su discurso, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que 300 millones de soles se han destinado para obras en Caylloma y que se tienen 20 expedientes técnicos en proceso. Sin embargo, estos anuncios no fueron bien recibidos por la población local, que reaccionó con abucheos y gritos de “traidor”. El ministro Ángel Manero también fue blanco de las protestas, enfrentándose a una multitud insatisfecha.
Tras tres horas de deliberaciones, la reunión concluyó sin alcanzar ningún acuerdo concreto. El ministro Manero reconoció las demandas de la población respecto a obras, estudios de impacto ambiental y la prioridad de Majes I, asegurando que todas estas solicitudes son viables y que algunas podrían realizarse este año, otras el próximo, y algunas más podrían tardar hasta cinco años. Sin embargo, señaló que las divisiones internas y la falta de consenso entre los asistentes dificultan la implementación de soluciones.
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