MML y el Poder Judicial enfrentados por La Parada

La tarde del jueves 25 de octubre del 2012 aún está marcada en la memoria de los policías y comerciantes del exmercado mayorista de Lima que se enfrentaron en una sangrienta batalla que, si bien culminó con el desalojo impuesto por al alcaldesa de Lima Susana Villarán, cobró la vida de 4 personas y dejó a otras 80 malheridas.

Hoy la lucha entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y los comerciantes que buscan regresar a los terrenos del excentro de abastos se trasladó al Poder Judicial (PJ), donde un hábeas corpus interpuesto por los comerciantes piden que La Parada vuelva a funcionar como un mercado mayorista.

En la corporación edil la posición es clara. Pretender reabrir La Parada como mercado mayorista de Lima, a través de acciones judiciales, sería faltar a la ley, ya que el único que tiene esa denominación es el mercado de Santa Anita.

RAZONES. Aunque se desconoce aún el fallo que este poder del Estado emitirá en los próximos días, el procurador de la Municipalidad de Lima, Antonio Salazar, hizo ayer una grave denuncia que no solo avivó el malestar de los comerciantes, sino que puso en tela de juicio la imparcialidad del juez frente al proceso con una denuncia de soborno.

Salazar advirtió que el juez del 56 juzgado Penal de Lima, Malson Urbina, permitiría que los terrenos de La Parada sean nuevamente ocupados gracias al tramite "irregular" de la acción judicial que los propios comerciantes aseguran está terminado.

A cambio de dicha sentencia, el Procurador indicó que los vendedores, liderados por la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Parada, Ida Ávila Sedano, han preparado una "bolsa" de S/.70 mil para ser entregado al magistrado.

"El día viernes ha habido una asamblea en el exmercado mayorista y la señora Ida Ávila Sedano ha informado a sus demás comerciantes que ya tiene lista la resolución que le va a permitir reabrir el mercado mayorista de La Parada y que ingresen todos los comerciantes que se fueron", manifestó.

"Es más, nos ha llegado información que habrían hecho una bolsa los comerciantes, dicen ellos, para entregarle 70 mil soles al juez Malson Urbina, lo cual queremos creer que no es cierto. Ella no lo ha dicho, (lo han dicho) comerciantes del lugar. Queremos creer que no es cierta la versión que nos han dado, pero nos preocupa la forma como se está manejando este hábeas corpus, como se ha desarrollado este proceso", agregó en una entrevista radial.

El abogado de la MML dijo, además, saber que el fallo se encuentra listo.

"Nosotros tenemos información de que el juez tiene el expediente en su despacho, no lo suelta desde la semana pasada, parece que han estado esperando los resultados de la revocatoria. Les ha salido contraproducente la revocatoria y quieren ir ahora por el lado de lo legal, y el único juez que aún no resuelve un hábeas corpus importante es él", refirió Salazar.

URBINA RESPONDE. Tras la denuncia en su contra, por supuestamente tramitar de manera "irregular" el hábeas corpus a cambio de 70 mil soles, el juez Malson Urbina salió al frente para informar que denunciará al procurador Antonio Salazar por difamación.

Urbina rechazó que los comerciantes le hayan pagado tal cantidad al anotar que la versión de Salazar "es una lucubración delictiva de esa persona a quien yo voy a denunciar".

"Aunque (Salazar) condiciona al hablar de los pagos, igual eso no lo libera de su responsabilidad. Yo voy a demandarlo a él, así como a la municipalidad a la que representa", refirió el letrado al subrayar "que "jamás vi la cara de un solo comerciante".

Así, sostuvo que es "absolutamente falso" que la sentencia esté "lista". No obstante, reveló que cuenta ya con todos los testimonios de las instancias correspondientes que le permitirá formar su sentencia acerca del violento desalojo del exmercado mayorista.

"ES INMINENTE". Por ello, en opinión de Urbina, la denuncia en su contra es dirigida desde la MML, por las razones intrínsecas que contiene el proceso. "Porque la sentencia es inminente, tiene que salir y (en la comuna edil) están tratando de enmarcarlo todo a su conveniencia, como intimidándome", dijo.

El letrado explicó, asimismo, que la decisión de ampliar la investigación a la burgomaestre capitalina, Susana Villarán, se tomó considerando que la autoridad edil "no puede estar al margen" de los hechos ocurridos en el violento desalojo, por lo que está incluida "en la acción judicial por actos contra la libertad individual y por tratos desigual ante la ley".