Municipio de Chilca contrató a empresa pese a que carta fianza no era reconocida

Pese a que fue alertado mediante un documento, el gerente municipal de Chilca, Mario Lazo Benavides, siguió adelante con el proceso de contratación del Consorcio Chilca, grupo de 2 empresas encargadas de la ejecución de la obra "Mejoramiento e implementación de infraestructura de la I.E. 30,012 del distrito de Chilca.

El contrato prosiguió, pese a que la carta fianza emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantias Ltda, no se hallaba en la relación de empresas autorizadas por la SBS para emitir cartas fianza, tal como consta en el memorándum 0033-2012-sgt-GA/MDCH. La citada Cooperativa figura también en la relación de entidades crediticias no autorizadas a captar recursos del público e inactivas ante la FENACREP.

RECHAZADO. En octubre de 2012, el gobierno regional de Puno, rechazó una carta fianza similar, presentada por esta misma cooperativa Fianzas y Garantías, con la cual el consorcio "Azángaro Saytococha" perdió la buena pro para el mejoramiento de una carretera local. Tras una amplia evaluación la gerencia general del GR de Puno, no aceptó ningún tipo de subsanación, porque transgredía el articulo 148 de la Ley de Contrataciones. Según el regidor Julio Montero, en el caso de Chilca, el gerente municipal, Mario Lazo, no sólo permitió la firma del contrato con una carta fianza irregular, sino también permitió su posterior "subsanación" con otra carta fianza del Banco Continental del 07-06-2012, la cual se halla próxima a vencer.

SIN EXPERIENCIA. Las empresas que conforman el Consorcio Chilca son: Internacional Corporation y Engieerg Gove SAC y RMJ Constructores, ambas no habrían demostrado mayor experiencia en el ramo de las construcciones. La primera solo muestra una trayectoria en la elaboración de perfiles y expedientes técnicos; en tanto la empresa JM Constructores solo muestra experiencia en construcción de escaleras, alcantarillas y mantenimiento pluvial.

EXPERTO. Para el analista en temas municipales Raúl Cevallos, los funcionarios tienen la obligación de cautelar los recursos que les asigna el Estado. "El hecho de aceptar garantías que no reúnen los requisitos que exige la normativa de contrataciones y de no garantizar la ejecución de la obra en los plazos previstos, hacía previsible que terminara con lo que hoy vemos: retraso de la obra y su intervención económica.

Una de las empresas del Consorcio Chilca, RMJ Constructores, muestra deudas remitidas a centrales de riesgo por un monto superior a 25 mil soles. Deben a EsSalud, al Tesoro Público y a la ONP, según datos al 03-05-13.