La empresa Agro Industrial Pucalá fue escenario de una batalla campal entre obreros y policías ayer durante la toma de posesión de los administradores judiciales designados por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo. Efectivos de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) tuvieron que utilizar proyectiles de gas lacrimógeno para repeler a las personas que intentaron evitar, con actos de violencia, que se instale la nueva administración judicial.

SE FRUSTRÓ. La titular del Juzgado de Paz Letrado de Pucalá, Patricia Balarezo Ocon, estuvo a cargo de la diligencia; sin embargo, optó por retirarse sin culminar su labor -según dijo - porque el jefe de la II Dirtepol, Jorge Linares Ripalda, se adelantó a los hechos. "El coronel (Linares) debió coordinar conmigo para hacer la diligencia, pero lo hizo apresuradamente, de madrugada, sin ninguna autorización judicial", acotó.

No obstante, la jueza fue criticada por el co-demandante, Edmundo Gálvez Rodríguez, quien anunció que la denunciará por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato al haberse retirado, a pesar que las garantías policiales estuvieron dadas. "Con esta actitud la jueza (Balarezo) pretende favorecer a las personas que están tomando posesión ilegalmente de la azucarera, pero no lo vamos a permitir, vamos a ingresar con presencia o sin presencia de la juez", anotó.

CON NOTARIO. Con esta determinación, los administradores judiciales Pablo Gutiérrez Carmona, Roberto Campos Valle y Ricardo Pereira Silva, hicieron su ingreso acompañados del notario público Jaime Cárdenas Fonseca, quien acudió al llamado para dejar constancia de la toma de posesión. Mientras se dirigían a las oficinas escoltados por un fuerte contingente policial, en el ambiente contiguo donde se ubica la fábrica, un grupo numeroso de obreros los insultaba y acusaba de haberse coludido con los inversionistas del Clan (Consorcio Líder Azucarero del Norte).

El ambiente se tornó tenso cuando parecía que se consumaba la toma de las instalaciones, lo cual motivó la ira de los obreros, quienes armados con machetes y piedras intentaron expulsar a los administradores; sin embargo la policía los redujo en instantes.

Carlos Ramírez Ludeña, miembro de la Comisión de Trabajadores de la citada empresa (elegidos en asamblea), indicó que el repudio contra los administradores judiciales se debe a que no garantizan la salida del Clan. "Cuando salió la resolución que nombró a los nuevos administradores, el clan se llevó 39 mil bolsas de azúcar aduciendo que no le garantizaban su inversión. Prácticamente nos robaron y nos dejaron sin pago", refirió.

Al respecto, el administrador Ricardo Pereira señaló que la citada comisión vendió de manera irregular el azúcar para pagar sueldos. "Ellos pretenden poner a su gerente general, pero así seguiría el caos. Nosotros haremos un trabajo técnico. Se le debe a la Sunat 1 millón 800 mil soles. Vamos a auto sostenernos con nuestra producción", puntualizó.

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