PIURA. La Segunda Sala Penal Liquidadora enjuiciará al ex teniente alcalde, Manuel Burneo Fossa, tres ex regidores y siete ex funcionarios de la Municipalidad de Piura en relación con las presuntas irregularidades en la contratación del servicio de seguridad para el mercado de Piura y de volquetes para el servicio de limpieza pública en el año 2000.
La Vista de la Causa, signada con el No. 029-2001, está prevista para hoy, cuando los jueces superiores, presididos por Mario Reyes Puma, iniciarán la evaluación del expediente y señalarán fecha y hora para la audiencia de apertura de juicio, conforme dispuso en su momento la Corte Suprema de Justicia.
Los comprendidos en el expediente son: Burneo Fossa, Walter Pérez García, Julio Castagnino Lema, Luis Ortiz Granda, Aurelio Gómez Casaverde, Jacob Barrantes Arrese, Luis Cornejo García, Manuel Castro Montes, Martha Correa Cánova, René Ballesteros Armijos y Oscar Castro Gómez.
TERCER JUICIO. Esta será la tercera vez en que los ex concejales serán sometidos a juicio oral por los mencionados temas, después que la Corte Suprema anulara la segunda sentencia, en que se les exculpaba de los delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible con el cargo y otros.
También dispuso una ampliación de la denuncia contra cuatro inculpados, por lo cual el expediente fue devuelto al Juzgado Penal, para que se siguiera el trámite regular, que incluía la denuncia fiscal, la ampliación de la instrucción, la toma de declaraciones y otras diligencias, que han llevado alrededor de dos años. La Corte Suprema también ha ordenado una nueva pericia contable para determinar el perjuicio ocasionado a la agraviada Municipalidad de Piura. Y la concurrencia de los testigos Pablo Cuarite Apaza y Pedro Yarlequé.
LOS HECHOS. Los magistrados supremos consideraron que se infringieron las normas administrativas en el proceso de contratación del servicio de seguridad del mercado, según los exámenes especiales de Contraloría.
Y se habría favorecido a la empresa Wisafe EIRL, a la que se pagó 722.64 soles por vigilante, incluso se habrían cancelado días no trabajados y rubros no incluidos en el contrato. Esto, pese a que estaba vigente un convenio con la Policía y se pagaba 500 soles por custodio, causándose un perjuicio económico a la Municipalidad. También habrían irregularidades en el alquiler de volquetes para el servicio de limpieza pública, señala el fiscal supremo.
El Procurador de Contraloría ha sostenido que se favoreció a la familia del entonces teniente alcalde y presidente de la Comisión de Abastecimiento de la Municipalidad de Piura, Manuel Burneo.
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