Un claro ejemplo de ello es el caso de las comunidades Asháninkas de Samaniato y Potsoteni, las que ven amenazadas sus tierras por un grupo de colonos que las reclaman como suyas.
“El pueblo indígena no ha sido incluido en las decisiones que toma el Estado, no está garantizando nuestro derecho a la titulación, ni protege la seguridad e integridad de los territorios sobre los que vivimos”, expresó Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care).
Fuedurante el “Foro Garantías para la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión de los territorios indígenas: Caso CCNN Potsoteni y Samaniato”, que se realizó en el Colegio de Abogados de Lima, en Miraflores.
Dichas declaraciones fueron brindadas tras dar a conocer la situación de Samaniato y Potsoteni, ubicadas en los distritos de Río Tambo y Pangoa, provincia de Satipo, en Junín, donde faltan titular dos áreas, una de 1,500 Ha. Y la otra de 752 Ha. respectivamente. Según el dirigente, cuando las comunidades decidieron solicitar la ampliación de sus territorios, se les informó que el Estado, a través de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Junín, había otorgado cierta legitimidad de las tierras a un grupo de colonos.
En Samaniato, el colono Oscar Carrera Lázaro – invocando al D.S. N° 005-91-AG*–reclama, desde el 2002, 300 Ha. del área no titulada de la comunidad (1,500 Ha.), sin embargo esta persona nunca vivió en la zona. Situación similar ocurre en Potsoteni, donde la Dirección Regional de Agricultura del GORE Junín adjudicó parte del territorio no titulado a Celestino Leguía Orosco y Felicitas Victoria Vilcas Pichihua, que a su vez entregó la propiedad a Santiago Oscco Zamora, quien lo inscribe en Registros Públicos y a su vez otorgó 16 donaciones a diferentes colonos.
¿Qué dice el Estado?
Por su parte, los representantes del Ministerio de Agricultura, Poder Judicial y Ministerio de Cultura que estuvieron presentes en el evento, reconocieron la posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios y aseguraron que desde el Estado se ha conformado una comisión multisectorial para ver el tema de la titulación de los terrenos.
En tanto, la Defensoría del Pueblo recalcó que se debe revisar la normativa existente y pedir a Agricultura que se involucre más en el tema. “Estas políticas no solo deben cerrar las brechas de titulación, sino que se debe dar una mirada más compleja ya que las comunidades sufren presiones de personas ligadas a actividades ilícitas, por lo que se requiere mayor presencia del gobierno”, sostuvo Jorge Abrego, del Programa de Pueblos Indígenas de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
De otro lado, Juliana Bravo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales, lo que demuestra una vez más la ausencia de políticas públicas que defiendan los intereses de los pueblos indígenas.
