Plantean que menores que integran organizaciones criminales no tengan beneficios

Miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos plantearon que los menores que integran organizaciones criminales no tengan beneficios. Dicho grupo de trabajo presidido por la legisladora María Pérez Tello continuó evaluando diversos proyectos que proponen reformas al Código Penal y al Código de los Niños y Adolescentes con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.

Están excluidos de este beneficio los menores que integran una organización criminal o que el implicado haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional, traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de 25 años o cadena perpetua.

Los congresistas Octavio Salazar, Fernando Andrade y Rosa Mavila sustentaron sus iniciativas al respecto, entre ellas la de responsabilidad restringida, inhabilitación, reincidencia, habitualidad, reglas de conducta, casos especiales de rendención y semilibertad.

En el artículo referente a la restricción por edad se propuso que para reducirse la pena por un hecho punible, cometido cuando el agente tenga más de 18 y menos de 21 años o más de 65 años al momento de realizarla, el castigo se reducirá de manera prudencial.

Están excluidos de este beneficio los menores que integran una organización criminal o que el implicado haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional, traición a la patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de 25 años o cadena perpetua.

La legisladora Mávila pidió usar criterios de racionalidad y proporcionalidad para determinar estos casos y dijo que en el último año hay 12 mil 886 casos por hurto agravado, especialmente en la población juvenil.

Así también se producirá inhabilitación o incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, y suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego e incapacidad definitiva para obtener licencia o certificación de autoridad para portar o hacer uso de armas de fuego, en caso de sentencia por delito doloso o bajo el influjo del alcohol o drogas.