Las investigaciones sobre las muertes producidas en Virú durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte siguen dilatándose. Ayer, ninguno de los 19 policías citados para la reconstrucción de los hechos llegó hasta el lugar donde Carlos Huamán Cabrera y Segundo Nixon Sánchez Huaynacari perdieron la vida en diciembre de 2022 y enero de este año, respectivamente.

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Indignación

El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, a cargo de Cynthia Gamarra Oliva, citó a los agentes del orden a las 11 de la mañana, a pocos metros del puente Chao, lugar donde sucedieron los hechos.

Sin embargo, recién a la 1 p.m. se apersonó la fiscal Delmy Díaz Fernández, quien dijo que había sido asignada para dicha diligencia y que los policías no iban a asistir por razones laborales y personales.

“[Los agentes] tienen el derecho de participar o no”, manifestó.

En el lugar también estuvo la viuda de Carlos Huamán, Leydi Campos Torres, quien llegó procedente de su natal Bagua tras un viaje de 11 horas en bus. La mujer estuvo acompañada de su hijo de ocho años de edad.

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“Lamento mucho que suceda esto. Yo vengo desde Bagua para saber cómo fue asesinado mi esposo, pero ahora me dicen que los policías no han venido. Para poder llegar yo hasta aquí, mis vecinos hicieron una colaboración, pues mi esposo era el que trabajaba y yo me dedicaba a las labores del hogar. Si bien ahora debo hacer unos trabajitos para poder sobrevivir, el dinero no me alcanza”, comentó.

Quien también estuvo presente fue la viuda de Nixon Sánchez, Letty Panduro Tello, quien radica ahora en Nuevo Chimbote, en la región Áncash.

“Se burlan de nosotros. Cómo es posible que no hayan venido. Yo, que vivo en otro lugar, he venido porque quiero que se aclare la muerte de mi esposo y se haga justicia”, manifestó.

Su abogado, Guillermo Rebaza Jara, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, también cuestionó la ausencia de los agentes policiales.

“Esto retrasa todo. Para presentar excusas no hay límites, sobre todo tratándose de una institución como la Policía. Lo razonable es que el comando les facilite las cosas para que puedan presentarse y se esclarezcan los hechos. No están contibuyendo a esto. No están poniendo el interés que amerita”, señaló.

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También

Entre los agentes investigados en todo el proceso se encuentra el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, general PNP Augusto Ríos Tiravanti, por el presunto delito de homicidio calificado, “en el contexto de violación de derechos humanos en protestas sociales”.

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