Presos por alimentos

Daniel A. mantiene una deuda de casi 40 mil soles, acumulada a lo largo de seis años. Quien espera recibir ese alto monto de dinero no es una entidad bancaria ni un codicioso prestamista, sino su propio hijo. Pese a que por sentencia judicial debió darle a su vástago 650 soles de forma mensual, no lo hace.

Por su irresponsable conducta, Daniel puede perder su libertad si la demandante acude a un juez de paz y solicita su encarcelamiento.

La aplicación de esta medida legal se ha vuelto común en nuestro país. Tanto así, que en los últimos cinco años, la cantidad de padres encarcelados por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar se triplicó.

Así lo reveló a Correo el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Julio Magán Zevallos, quien detalló que en el año 2011 en los centros de reclusión solo habían 542 internos por esta infracción. Dos años más tarde, la cifra aumentó a 771 y actualmente son en total 1441.

Además del aumento de reos, Jenny López Freitas, jueza titular de Familia de la Corte de Lima Este, manifestó que las demandas por alimentos también se han elevado ostensiblemente.

“Estos juicios representan ahora el 80% de la carga laboral de los Juzgados de Paz, donde inicia el proceso”, precisó. Solo en San Juan de Lurigancho, añadió, se reciben mil demandas al mes.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), creado en el 2007, también evidencia esta problemática. Hasta la fecha, el sistema virtual registra las deudas que mantienen 2 mil 512 padres con sus hijos. Uno de estos casos es el de Daniel A.

DELITO COLECTIVO. Aunque la omisión de la prestación de alimentos es un delito tipificado en el Código Penal desde hace décadas, para López Freitas, la multiplicación de los acusados se debe a la poca consciencia que existe sobre el respeto de la prole y al aumento de los litigios en el país.

La simplificación de las reglas del proceso de alimentos también ha contribuido a generar el actual panorama; sin embargo, aún se desconoce, por ejemplo, que estos juicios ya no requieren firma de autorización de abogado y que las sentencias suelen darse en una sola audiencia.

La experta señala que para iniciar este proceso legal, la demandante debe solicitar de forma gratuita un formato de demanda en la mesa de partes de los Juzgados de Paz y adjuntar la información requerida.

Al recibir la demanda, el juez señalará un monto provisional de pensión de alimentos hasta que se dicte una sentencia y notificará al demandado para que se defienda.

DILACIONES. Lo ideal, señala, es que el conflicto se solucione en esa instancia; sin embargo, los acusados suelen apelar la sentencia y, en esos casos, los expedientes pasan a un Juzgado de Paz y Familia, donde se toma una decisión final.

Otras estrategias que utilizan para alargar el proceso son renunciar al trabajo, no recibir las cédulas de notificación o defenderse al último.

Dada la sentencia, la demandante puede optar por varias medidas legales en caso el demando no cumpla con su deber.

Uno de esos caminos es el pedido de prisión preventiva. López Freitas asegura que, por lo general, cuando se llega a este punto el deudor es ayudado por su familia para pagar; pero también existe un grupo que “sí recibe este castigo”.

¿CONDENA APROPIADA? Según Magán, esta población penal está integrada -en su mayoría- por varones con secundaria completa, cuyas edades fluctúan entre los 35 y 39 años.

Asimismo, el 22.3% se encuentra recluido en las cárceles de Lima, siendo Ancón II el que registra más ingresos (136 en total).

Aunque la pena máxima por no cumplir con la obligación alimentaria es de tres años, las estadísticas revelan que el 81% de reos no se quedan ni tres meses en un penal.

EN AUMENTO. Mujeres también son deudoras de pensión.De acuerdo a las estadísticas del Inpe, actualmente solo son tres las mujeres que están internas en un centro de reclusión por negarse a dar una pensión a sus hijos.

Sin embargo, López Freitas advierte que en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de madres que cometen este delito.

“Aunque las mujeres que incumplen con la obligación alimentaria representan el 1%, este porcentaje aumenta año tras año”, manifestó.