Presunta corrupción en programa de la GRELL
Presunta corrupción en programa de la GRELL

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Dyran Jorge Linares Rebaza, ha dispuesto iniciar la investigacion preliminar, por un nuevo caso de presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado, en la Gerencia Regional de Educación.

Esta investigación recae fundamentalmente contra Jorge Morales Loyola, en su papel de subgerente de Promoción Escolar, Cultura y Deporte. Esto, por un plazo de 90 días.

Como segunda disposición, se señala emitir la Carpeta Fiscal a la Policía Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a fin de que practiquen las diligencias de investigación.

Los hechos. Esta investigación nace debido a que el subgerente de Promoción Escolar, Cultura y Deporte de la Gerencia Regional de Educación, Jorge Morales Loyola, conocido militante del partido aprista, se habría interesado en la contratación de Carlos Enrique Aguirre Benites, como coordinador regional del Programa Deporte y Arte para Crecer (Departe), sin haber dispuesto la convocatoria a concurso público para ocupar dicho cargo y a pesar de que dicho profesional no cuenta -según la denuncia- con los requisitos mínimos exigidos para el ejercicio de dicho cargo.

Del mismo modo, se habría interesado en la contratación de varios coordinadores de RED, del Programa Departe, sin seguir el trámite de ley y a pesar de que dichos profesionales tampoco cumplían con los requisitos mínimos exigidos por ley.

Los presuntamente favorecidos serían Canisio Fernández Aliaga, Juan Manuel Soriano Paredes, Fernando Gustavo Incio Vásquez, Jessy Patricia Castro Cruz, Arnold Antonio Idrogo Gonzaga, Helder Díaz Leiva, César Alberto Ruíz Huamán, Pedro Pascual Paredes Carrión, Jesús Flaminio Zumarán Chiclayo y Roger Felipe Tamayo Rebaza.

Otro. Asimismo, Luis Antonio Herrera Lopez, (director de la UGEL Nº 04), Cristian Agüero Paredes, (especialista de Educación de la UGEL Nº 04), Marcos Mauro Jiménez Gonzales, (jefe de Administración de la UGEL Nº 04) y Dalila Aracelli Aguirre Perez, (jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Nº 04), todos ellos miembros de la Comisión Evaluadora para la Contratación de Promotores de Educación Física del Programa Departe, se habrían interesado en la contratación de Juliana Janeth Reyna Sanchez, como promotora de Educación Física del programa antes mencionado.

Ello debido a que ésta última es esposa del coordinador del Núcleo Departe de la I.E. "Ramiro Ñique Espíritu": Jesús Flaminio Zumarán Chiclayo.

Una perla más. Morales Loyola también es investigado por la La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo, a través de la Carpeta Fiscal N° 140-2014, expedida por el fiscal Luis Guillermo Bringas, que ha dispuesto: promover diligencias preliminares de investigación contra Elena Rosa Cabanillas de Garrido y Jorge Morales Loyola, y los que resulten responsables por el delito contra la administración pública, en agravio del Estado.

Se pide así que se remitan copia fedateada de todos los informes realizados en mérito a la pérdida de una computadora portátil SONY VAIO serie FZ, 01 cámara fotográfica marca SONY y 01 cámara digital 12.1MP, marca SONY, modelo DSC-W310/B.

Es por ello que se llevarán a cabo las siguientes diligencias: recibir la declaración de la investigada Elena Rosa Cabanillas de Garrido, y la declaración testimonial e Jorge Morales Loyola.

Aquí es preciso señalar que con respecto a las dos cámaras fotográficas digitales sustraídas de la Oficina de Técnico Cultural, el responsable del área, Jorge Morales Loyola, reportó la pérdida de los bienes con Memorando Nº 043-2011-GRLL-GGR/GRSE-DTC, de fecha 20 de junio del 2011, dirigido a la directora de Administración, Elena Rosa Cabanillas de Garrido, en el que adjunta la denuncia policial por la pérdida de dichos bienes y el informe Nº 016-2011-GRLL-GGR/GRSE-DTC suscrito por Jesús Armas Gastañadui, quien realizó la denuncia y tuvo a cargo los bienes.

Sin embargo, no se evidencia acciones por parte de la administración con la finalidad de reponer los bienes sustraídos.