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El delito está en todos lados y ni siquiera el Ministerio Público (entidad encargada de perseguir a quienes delinquen) se ha salvado. Actualmente, está en curso un proceso de investigación por peculado doloso que tiene como protagonistas a los propios trabajadores de la Fiscalía.
El caso nos remonta al año 2014, cuando la Fiscalía de Puno recibió una carga de materiales de oficina para a su vez dotarlo a todas las dependencias del Distrito Judicial de Puno, pero esta carga nunca llegó completa.
Correo accedió a documentación que compromete a tres personas, en este caso al exadministrador de la Fiscalía Puno Luis Armando Ticona Gordillo, al analista Edwin Senen Quea Juanito y al empresario Edilio Serpa Morales.
El Poder Judicial ya impuso reglas de comparecencia para los implicados, aunque “el proceso demora más de lo debido”, según una fuente del propio Ministerio Público, de quien reservaremos su identidad por temor a represalias.
Todo empezó por un informe de la Subgerencia de Almacén del Ministerio Público que advertía que el pedido PIA N° 601 de fecha 20 de octubre del 2014 no había llegado completo a los almacenes de la Fiscalía en la Ciudad Lacustre.
El encargado de redactar este informe fue el especialista administrativo Carlos Alberto Romero Guerra.
LO ROBADO. Los materiales de oficina son cuantiosos y aunque a primera vista parecen no tener mayor importancia, estamos hablando de una buena parte de la carga destinada para los trabajadores de la región Puno.
El expediente que obra también en los registros de la Procuraduría Anticorrupción, ha deducir que una vez que se alertó el faltante de materiales, el empresario implicado aceptó reponer “lo faltante”, pero eso generó otro problema.
Se calcula que son 143 bultos los que finalmente se extraviaron, se intentó desaparecer o intercambiar por otros de menor calidad y costo. La suma perdida aún es un misterio.
