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Se ha declarado en estado de emergencia en cinco distritos de las provincias de Puno y San Román, de la región de Puno, por el peligro inminente de contaminación de agua. Así está estipulado en el Decreto Supremo N° 153-2019-PCM, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Constan de las jurisdicciones de Coata, Huata y Capachica, de la provincia de Puno, y los distritos de Caracoto y Juliaca, de la provincia de San Román. El estado de emergencia será por un plazo de 60 días calendario a partir del martes 10 de septiembre del presente año.
El dispositivo señala que la medida a consecuencia de la contaminación de agua se amplía, porque resulta necesaria “la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente”.
El Gobierno Regional de Puno y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y demás entidades competentes en cuanto les corresponda.
El 11 de julio, a través del D.S. N° 123-2019-PCM, se declaró en estado de emergencia las cinco jurisdicciones de Puno por el peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano.
Ese dispositivo refirió que el Informe Situacional N°00069-2019 del Indeci, remitido el 22 de abril de 2019, señala que la vida, salud y medios de vida de las poblaciones de los referidos distritos se encuentran en peligor ante la contaminación de agua de pozo para consumo humano de la Sub-Cuenca del río Coata.
En tanto, ese D.S. de declaratoria de emergencia también indicó que el Reporte N° 01, del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del pasado 10 de abril, concluye que “por la magnitud del peligro inminente se requiere la participación de las entidades competentes del Gobierno Nacional, habiendo sido sobrepasada la capacidad del Gobierno Regional de Puno”.