En teoría, el 98,9% por ciento de los ciudadanos peruanos tiene cubierta la atención de su salud, ya sea a través de un seguro privado, de EsSalud, de la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o del Seguro Integral de Salud (SIS). Eso incluye el acceso a las medicinas. Sin embargo, la realidad es otra.
De acuerdo a un análisis de Flor de María Phillips, ex superintendenta de Susalud, “el 97% de establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención (PNA) presenta una capacidad instalada inadecuada debido a la precaria infraestructura, y a un equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. (...) Estas limitaciones equivalen, en la práctica, a “cero acceso” al servicio, por lo que estos asegurados no tendrían más alternativa que el gasto de bolsillo”.
Según Phillips, quien acaba de asumir la jefatura del Seguro Integral de Salud (SIS), esta realidad resulta alarmante, porque provoca que el gasto “de bolsillo” en salud en el Perú alcance el 28.3%, según las Cuentas de Salud Perú 2002-2019 (MINSA-OPS), muy superior al 15%-20% recomendado como límite por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, alrededor del 30% de peruanos ayuda a financiar el sistema de salud.
Millones de afiliados a EsSalud o el SIS, que esperan recibir sus medicinas en los establecimientos públicos, terminan comprándolas en boticas y farmacias privadas por problemas de desabastecimiento, cuando en teoría el Estado se las tiene que entregar.
Los presupuestos se han incrementado 11 veces entre 2002 y 2022.
