¿Todo queda en familia en la justicia cusqueña?

"La mujer del César no solo debe ser honrada, además debe parecerlo". Así reza una célebre máxima romana que ha trascendido a los tiempos. Hoy, que se realizan las elecciones para la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cusco (CSJC), Correo indagó del peligro que significa que los lazos familiares dominen en el sistema de justicia cusqueño. Y también tuvo acceso a varios expedientes en esta institución, y encontró inconductas no sólo en el vocal superior Víctor Ladrón de Guevara de la Cruz, sino de su señora esposa, Elizabeth Ortiz de Orué, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de la Ciudad Imperial.

Estos aspectos de la realidad judicial cusqueña -por ejemplo el vínculo familiar entre Ladrón de Guevara y Ortiz de Orue- no llamaría la atención si no fuera porque hoy, a las 11:00 horas, 19 altos magistrados elegirán el nuevo presidente de la CSJC, siendo uno de los candidatos el marido de la jefa de fiscales, quien competirá con el magistrado Andrés Quinte Villegas.

Como es público, el primero -Ladrón de Guevara, aprista sin carnet y primo hermano del ex presidente Alan García Pérez- se desempeñó este año como presidente de la Sala Penal de Apelaciones, y el segundo -Quinte Villegas- como juez superior de la Sala Penal Única Liquidadora Transitoria.

La posibilidad que Ladrón de Guevara sea el nuevo titular del Poder Judicial en esta región, que se suma al control que tiene su esposa en el Ministerio Público, ha despertado cuestionamientos -sobre todo en el terreno ético-..

ES GRAVE. Sobre el caso, la letrada Tika Luízar Obregón, directiva de la Comisión de Juristas de la ciudad, ha dicho que la posibilidad de que Ladrón de Guevara asuma la presidencia de la CSJC, sumada al cargo de su esposa en la Fiscalía Superior, sería "un grave indicador de cómo es que está la administración de justicia en la región; sería lamentable por la evidencia de una incompatibilidad en el cargo", opinó en la víspera.

"A este paso vamos a tener en Cusco familias completas de magistrados en Palacio de Justicia y sus dependencias: asesores, secretarios de juzgado, secretarias, conserjes, seguridad", agregó la jurista Luízar, al tiempo de reflexionar sobre el vacío que hay en el nuevo Código Procesal Penal de este tipo de conflictos de intereses en cargos clave, y la responsabilidad que cargarán los 19 magistrados que deberán votar en tan importante decisión.

ANTIÉTICO. La legisladora del Gobierno Regional del Cusco, Elena Ascarza Quispe, dijo por su parte que nada buena presagia que una pareja de esposos -Ladrón de Guevara y Ortiz de Orué- se hagan cargo del sistema de justicia en el departamento, por más que se afirme que la jefa de Fiscales termine su mandato a fines de este mes. "Sería anti-ético porque el destino de la justicia no puede estar en manos de cónyuges de posturas idénticas", dijo.

"Respecto de Ladrón de Guevara ya hemos sido testigos de su actuación en el caso Calca, de pérdida de miles de bolsas de cemento y otros cargos graves, librando al presidente regional Jorge Acurio Tito de los evidentes delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y peculado doloso simple en agravio de la Municipalidad Distrital de Calca, en la controvertida sentencia de fecha 29 de diciembre del 2011", recordó.

La consejera quillabambina se refiere a las conclusiones a las que arribó la Sala Penal Única Liquidadora Transitoria, entonces presidida por Miguel Grimaldo Castañeda Sánchez, e integrada por Ladrón de Guevara, en el emblemático caso Calca, fallo enmendado en todos sus extremos por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal de Lima, mediante dictamen de fecha 13 de agosto del 2012.

Es de indicar que ayer la Corte Suprema se abocó a la vista de la causa de este proceso y lo más probable que ordene nuevo juicio, según trascendió.

MADRINA DE FISCAL. La trayectoria de la fiscal Ortiz de Orué también ha despertado sospechas y críticas en varios litigios. El último es el signado con el número 2105-2012, tramitado ante la Fiscalía de Prevención del Delito, donde dicha magistrada habría salido a favor de su ahijada de matrimonio religioso, Miriam Verónika Rivas Vega, fiscal titular de esta jurisdicción.

Según los documentos a los que tuvo acceso este diario, el ciudadano Luis Escalante Chambi solicitó una medida de prevención ante amenazas recurrentes de probables delitos de homicidio y lesiones, de tráfico ilícito de drogas, en contra de su ex pareja Rivas Vega, la misma que fue declarada infundada en primera instancia.

Y en segunda instancia fue ratificada por Ortiz de Orué, quien debió inhibirse de conocer el proceso y disponer que otro fiscal superior resuelva el caso por tener el citado parentesco espiritual, pero no lo hizo, siendo posteriormente Escalante Chambi agredido en banda, con lesiones consumadas en su contra el 13 de noviembre de este año.

En la Fiscalía se supo que se viene investigando la concurrencia de varios delitos, entre ellos robo agravado, extorsión, coacción, lesiones graves, peculado de uso entre las partes a razón de una deuda de cinco mil soles que la fiscal ahijada Rivas Vega se niega a pagar a su ex novio.

Las mismas fuentes, que solicitaron el anonimato, informaron a Correo que desde las más altas instancias del Ministerio Público se habría ordenado que la fiscal encargada de la investigación "lo reviente" al denunciante Escalante Chambi.