El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se animó a presentar el pasado viernes, en el marco de su discurso de Fiestas Patrias, un proyecto de ley para mejorar la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Esto, sin embargo, sucedió luego de que la explotación laboral, fenómeno que durante mucho tiempo preferimos soslayar, nos explotó en el rostro con la muerte de Jovi Herrera y Jorge Huamán en la galería Nicolini de Las Malvinas.

Si bien el anuncio generó expectativas, no se dieron detalles del mismo. En este contexto, los abusos siguen perpetrándose en el marco de enormes carencias económicas y un inmenso amor por la familia, en el caso de los afectados, y una codicia monstruosa e insaciable, para el caso de los explotadores.

EL VALOR DE LA VIDA. La coordinadora del Proyecto contra el Trabajo Forzoso -Bridge Perú- de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, Teresa Torres, reveló a Correo que cada empleador abusivo, en América Latina y el Caribe, gana 7500 dólares ilegales por cada una de sus víctimas. Señaló que el trabajo forzoso es un acto criminal que afecta la libertad y convierte a una persona en una mercancía. “La posibilidad de percibir un lucro tan alto, frente a las bajas probabilidades de ser sancionado, hace atractivo este negocio, y resalta la importancia de perseguir de manera eficaz este delito”, dijo. No hay cifras de los peruanos que están afectados por este flagelo. Según la coordinadora de la OIT, esto se debe a que el trabajo forzoso ocurre clandestinamente, en zonas de difícil acceso y en ambientes caracterizados por la ilegalidad, lo cual limita el conocimiento real de la magnitud del problema. “Las víctimas, a menudo, trabajan ocultas, fuera de la vista del público, por ejemplo, a bordo de buques pesqueros, en pequeños talleres clandestinos, en la agricultura comercial o en domicilios particulares”, precisó.

INFIERNO LABORAL. Torres resalta que esta cifra negra se debe, además, a la imposibilidad de las autoridades para acceder a las zonas de mayor riesgo (por factores materiales y seguridad de los funcionarios), y a la baja tasa de denuncias por parte de las víctimas. “Esto último suele responder a la falta de información que tienen sobre sus derechos, así como al hecho de que no se perciben ellas mismas como víctimas”, señaló. Los abusos no solo ocurren en contenedores o sótanos ocultos de Las Malvinas, Gamarra o Mesa Redonda. El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, explicó a este diario que la explotación laboral afecta a los trabajadores del sector agrario, textil, de confecciones y del hogar. “Miles de empleados están sometidos a salarios mínimos y sin beneficios de ley. No tienen atenciones en salud, CTS, gratificaciones o vacaciones. Son empleados sin contratos y son despedidos en cualquier momento”, explicó. Los casos más graves, aseguró, se viven en los dos últimos rubros. En el primero de ellos se descubrió que algunos empleadores encierran a trabajadores para obligarlos a cumplir la meta diaria de producción. Trabajan en los feriados, sin derecho al doble salario, bajo amenaza de ser despedidos. “En el trabajo del hogar, los salarios pueden ser de 500 soles en Lima y 300 en provincias, y carecen de los beneficios de ley”, dijo el representante de la CGTP. A muchas de las mujeres que trabajan en este sector sus empleadores les quitan el DNI para evitar que huyan de la casa donde prestan servicios. Las afectadas no denuncian el hecho por temor a represalias.

FISCALIZACIÓN DISMINUIDA. El Perú cuenta con un Plan Nacional Para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, que establece objetivos y metas para erradicar este flagelo. Además, en enero de este año se aprobó el delito de trabajo forzoso (artículo 168-B del Código Penal), confirmó la OIT. Sin embargo, “el control del cumplimiento de la normativa sigue siendo un reto importante”, asegura Teresa Torres. El secretario general del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la Sunafil, Víctor Gómez Rojas, dijo a Correo que la falta de presupuesto en su dependencia afecta la fiscalización. “El Ministerio de Trabajo tiene el menor de los recursos de todos los sectores, y esto se debe a decisión política; no hay diálogo con el MEF. Tenemos un presupuesto de 91 millones de soles, pero debería duplicarse por lo menos”, aseveró. Explicó que por esta carencia Sunafil tiene solo 390 inspectores a nivel nacional y solo 100 de ellos tienen las facultades de ley para fiscalizar. Para cumplir cabalmente las inspecciones, y evitar los abusos laborales, se necesitan 2 mil agentes. “Necesitamos ascensos y mayor presupuesto con urgencia. En 16 regiones del país no hay un solo inspector”, denunció.Sobre el anuncio presidencial, dijo que Kuczynski omitió hablar de la figura del inspector auxiliar, la fuente de financiamiento para tener más intendencias e inspectores, y los concursos de ingreso y ascenso de los agentes.

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CIFRAS

14.2 millones de personas en el mundo sufren por la explotación laboral.

182 millones de soles de presupuesto necesita Sunafil para trabajar al 100%.

DATO

Explotación 

Jóvenes y migrantes son los afectados. Teresa Torres, coordinadora de la OIT, precisó que las personas más pobres y desprotegidas son las más afectadas por la explotación laboral. “Se trata de jóvenes, trabajadores migrantes y pueblos indígenas. Como regiones particularmente vulnerables tenemos a Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Cusco y Puno, pero no excluyentes”, dijo la especialista.