Villarán: 4 meses bajo la lupa del JNE

Dos expertos en temas municipales, Julio César Castiglioni y Martín D'Azevedo, opinaron ayer que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizar el cumplimiento de la neutralidad electoral en el próximo proceso revocatorio.

En buen cristiano, esto significa que deberán vigilar que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y los funcionarios municipales no utilicen recursos públicos durante su campaña por el "No" para la consulta popular que se desarrollará el 17 de marzo del 2013.

Según explicó Castiglioni, serán los Jurados Electorales Especiales, que serán designados por el JNE, los que tendrán, en primera instancia, el rol de garantizar el cumplimiento de la neutralidad electoral.

"No hay que olvidar que en el proceso electoral municipal y nacional se sancionaron a muchas instituciones públicas. Incluso, el presidente regional de Áncash, César Álvarez, fue multado con cerca de un millón de soles", declaró Castiglioni a Correo.

Señaló además que el JNE ha creado un "ejecutor coactivo" que se encargará de cobrar las multas a quienes resulten sancionados.

Por su parte, Martín D'Azevedo detalló a este diario que las sanciones contra quien rompa el principio de neutralidad, van desde un apercibimiento, en una primera instancia, hasta una multa de 6 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) o la suspensión de 30 días en el cargo.

Principio de neutralidad. Castiglioni sostuvo que estas medidas buscan garantizar el "principio de neutralidad electoral" que debe ser observado por todos los funcionarios públicos.

En ese sentido, precisó que, por neutralidad electoral, la alcaldesa Susana Villarán no podrá inaugurar obras.

Asimismo, sobre el anuncio hecho por el asesor municipal y dirigente de Fuerza Social (FS) Gustavo Guerra García, de iniciar una campaña en contra de la revocatoria, Castiglioni indicó que cualquiera de los funcionarios municipales puede hacer campaña, "siempre que no usen bienes del Estado ni aprovechen las ocasiones que el Estado les da, como inauguraciones o actos públicos en los que participan en función de su cargo".

Al respecto, D'Azevedo precisó que al ser la revocatoria una consulta popular similar a una elección, se aplica supletoriamente la Ley Orgánica de Elecciones, la cual prohíbe usar los recursos públicos como publicidad.

Explicó además que como el proceso de revocatoria también alcanza a los 39 regidores, estos también estarán impedidos de inaugurar obras en representación de la alcaldesa.