- Debate en PERUMIN 37: El Perú espera el shock de inversiones
- Economista en PERUMIN 37: Presupuesto debe destinarse para el cierre de brechas
- PERUMIN 37: Presidente del BCRP, Julio Velarde, advierte riesgos en la economía
El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, advirtió que la minería informal e ilegal se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos formales. A diferencia de los inversionistas, los informales no enfrentan trámites ambientales ni exigencias regulatorias, lo que genera una competencia desleal y resta atractivo al Perú frente a otros destinos mineros.
Según estimaciones del IPE, en 2025 y el próximo año, las exportaciones de oro ilegal podrían alcanzar los 12 mil millones de dólares. Esto representaría alrededor del 50% del total exportado, igualando a lo formalizado, lo que significa que el país estaría vendiendo al exterior tanto oro informal como formal.
El impacto no solo es económico, también institucional. Gallardo sostuvo que proyectos como Michiquillay y Los Chancas, que representan más de 7 mil millones de dólares en inversión, no avanzan debido a la ocupación de campamentos por mineros informales.
“Se necesita un Estado que haga cumplir el Estado de Derecho, desaloje a invasores y procese a los responsables”, señaló.
La ausencia de acción estatal, sumada a la tramitología y la crisis política, ha retrasado durante décadas el inicio de proyectos clave. Mientras la minería formal espera permisos por 20 o 30 años, la ilegal avanza sin controles. Esta situación, afirmó, erosiona la seguridad jurídica y desalienta la llegada de capital extranjero.
El problema se agudiza en regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, donde la minería ilegal está vinculada al aumento de homicidios, mafias y lavado de dinero.