La Fiscalía ha pedido 12 años de prisión para Kenji Fujimori por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico?

La Fiscalía no ha podido acreditar en el expediente ninguna prueba que sustente la existencia de esos delitos. El CD editado por el partido político Fuerza Popular, que proviene de las grabaciones del señor Moisés Mamani (“Mamanivideos”), no representa una prueba. Tampoco hay un testimonio que corrobore los delitos imputados. El cohecho es un soborno, que en este caso, no lo hay.

¿Usted cuestiona la legalidad de los “Mamanivídeos ante la Fiscalía o el Poder Judicial?

Hemos planteado una tacha a ese material probatorio y lo sustentaremos ante el juez en el control de acusación que inicia hoy.

En los vídeos, Kenji le dice a Mamani que “su papá (Alberto Fujimori) te asegura la reelección ¿Qué es lo que tu quieres? ¿Obras para tu región?” Para la Fiscalía, esto significa ofrecer e invocar influencias.

Esas pequeñas tesis fiscales son absolutamente forzadas. Se trata de una conversación legítima, que luego fue editada por el señor Mamani. La alocución que hace Kenji, en el sentido de que su padre lo va a apoyar, no es ilegítima. Aquí, no hubo ninguna prebenda.

La Fiscalía señala que los intereses de Kenji coincidieron con los de PPK: el indulto humanitario de Alberto Fujimori y salvar a Kuczynski de la vacancia.

Esa inferencia parece más una fábula. No estaba dentro de la esfera de las decisiones de PPK que el indulto sea revocado o no. Pero hay que poner las cosas en su contexto: ¿Hace cuánto tiempo Kenji no estaba en la línea de Fuerza Popular?

¿Considera que detrás de toda esta denuncia hay un móvil político?

Considero que hubo una trama de Fuerza Popular que la Fiscalía compró como delito.

¿Confía en el juez Hugo Núñez para el control de acusación, pese a que él anuló el indulto?

Intentamos apartar al juez con una recusación, pero la sala denegó el pedido.

Perfil

Franco García Lazo, abogado con especialidad en derecho civil y comercial

Maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Católica del Perú. Abogado por la Universidad San Martín de Porres.