Marco de Carvalho, abogado brasileño de Nadine Heredia, exprimera dama de Perú que ahora se encuentra en Brasil, defendió la legalidad del asilo otorgado a su clienta.
En entrevista a “Punto Final”, Carvalho afirmó que el asilo político fue concedido conforme a la Convención de 1954 y no por afinidad política con el presidente brasileño Lula da Silva, sino por razones humanitarias y legales, y que en todo caso fue el gobierno de Dina Boluarte el salvoconducto para la salida de Heredia.
Para el abogado, la exprimera dama enfrenta una persecución política y que el proceso judicial en Perú está basado en pruebas frágiles, principalmente declaraciones de colaboradores eficaces, sin pruebas materiales contundentes. Carvalho comparó el caso con la situación del expresidente Lula da Silva, quien fue encarcelado y luego liberado tras anularse los procedimientos judiciales en su contra.
Según el letrado, la condena de 15 años impuesta a Nadine Heredia y Ollanta Humala carece de fundamentos sólidos y es arbitraria, especialmente en cuanto a la supuesta vinculación con aportes de Odebrecht y Venezuela.
Sobre la acusación de que un millón de dólares habría ingresado a las cuentas de Humala y Heredia, Carvalho sostuvo que la defensa es jurídica y no política, y que en Brasil y el mundo la palabra de un delator no es suficiente para probar un delito, requiriéndose pruebas materiales.
El abogado también informó que Nadine Heredia se encuentra recuperándose de una cirugía complicada y en condición de asilada política con todos sus derechos garantizados. Destacó que el gobierno brasileño le proporcionará una red de protección y que la defensa está preocupada por la persecución política y judicial que enfrenta la exprimera dama.
El abogado incidió en que la decisión de conceder el asilo fue una respuesta rápida a la reacción del gobierno peruano al otorgar el salvoconducto.
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Abogado de Nadine Heredia tras críticas por asilo: Perú concedió el salvoconducto
Marco de Carvalho defiende que el asilo político de Nadine Heredia en Brasil es legítimo, basado en normas internacionales y razones humanitarias, y que la condena en Perú es injusta y políticamente motivada, sin pruebas suficientes para sustentarla