Abogado Ugaz: "Fiscalía tiene la culpa de la exclusión de las socias de Odebrecht del caso IIRSA Sur"

La exclusión de las socias peruanas de Odebrecht de la investigación por el caso Interoceánica Sur (IIRSA Sur) sigue generando repercusiones. 

Para el abogado penalista Fernando Ugaz, el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional es de "entera responsabilidad" del Equipo Especial del Ministerio Público, a cargo de las investigaciones en este caso y que lidera el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro.

"El fallo que dicta la sala, en mayoría, dispone que la fiscalía no cumplió con formalizar- o ampliar- la investigación preparatoria contra las consorciadas antes de solicitar que se les incluya como personas jurídicas en el proceso. Ese es un paso esencial", dijo Ugaz, del Estudio Ugaz Zegarra, a Correo.

Para el letrado, con la exclusión de las firmas Graña y Montero, G y M S.A.A.,Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) y JJC Contratistas Generales S.A. (JJ Camet), peligra el pago de reparación civil por parte de las firmas, en caso al final del proceso se dicte una sentencia condenatoria.

"¿De qué manera se puede determinar o calcular el daño al Estado, si no es dentro del proceso penal como investigado(s)? Si no están como personas jurídicas, tampoco se puede calcular el daño causado", dijo Ugaz.

Sobre este punto, cabe mencionar que el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, tiene pendiente un pronunciamiento sobre el pedido de la procuraduría ad hoc- a cargo del abogado del Estado, Jorge Ramírez- para declarar a las consorciadas como terceros civilmente responsables. Ello para que, justamente, dichas firmas abonen al monto de reparación civil, en caso reciban una condena al final de la etapa de juzgamiento.

Como se sabe, los representantes legales de las firmas peruanas, José Graña Miró Quesada, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña (de Graña y Montero); Fernando Castillo Dibós (ICCGSA); y Fernando Camet Piccone (JJ Camet) sí están comprendidos en la investigación por las presuntas coimas que, junto a Odebrecht, habrían al expresidente Alejandro Toledo para adjudicarse de la carretera Interoceánica (tramos 2 y 3).

La investigación fiscal apunta a que las consorciadas cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como parte de los sobornos para Toledo.

En la víspera, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló que la decisión de la Sala de Apelaciones no es cosa juzgada y se puede subsanar.