El Poder Ejecutivo presentó ayer un proyecto para regular la pequeña minería y la minería artesanal y crea un “régimen de consolidación” para quienes provengan del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La iniciativa dispone que el proceso actual termine el 31 de diciembre de 2026 y que el nuevo mecanismo rija del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028.
Sin embargo, especialistas consultados por Correo advierten que la propuesta no resuelve el problema de fondo y que podría tratarse de una continuación del actual proceso de formalización, bajo otra denominación.
Medidas
La propuesta legislativa crea dos regímenes.
El régimen ordinario, que es permanente y exige autorización sectorial y certificación ambiental antes de iniciar actividades; y el “régimen de consolidación”, que es temporal y de acceso cerrado.
Este último incorpora a quienes mantengan su inscripción en el Reinfo al 31 de diciembre de 2026, y permite que los registros suspendidos permanezcan en esa condición hasta que la autoridad revise su situación.
También crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que asumirá funciones de autorización, evaluación ambiental, registro, supervisión, fiscalización y sanción.
La propuesta contempla sistemas de trazabilidad y supervisión de plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias; así como, autorizar al Banco de la Nación a abrir cuentas a mineros formalizados.
Según la exposición de motivos, hay 31,574 inscripciones, de las cuales 8,859 figuran suspendidas, y reconoce que el 92.8 % de inscritos en explotación no posee derecho minero.
Riesgos
El abogado ambiental César Ipenza calificó el régimen de consolidación como una ampliación “disfrazada” del Reinfo.
“Simplemente, están pasando todos los mineros del Reinfo a ese nuevo proceso que ya no es un año de ampliación, sino dos años hasta el 2028”, advirtió.
Según Ipenza, la iniciativa no contempla garantías para la trazabilidad del oro y crítica el rol del Banco de la Nación.
“Sería peligroso que una entidad de todos los peruanos, un banco público nuestro, termine de alguna manera recibiendo dinero o lavando dinero de origen ilegal”, alertó.
Por su parte, la economista Stephani Maita precisó que el proyecto no explica cómo actuará el Estado mientras el Formape se implemente; por ejemplo, en el tratamiento de explosivos.
“Potencialmente eso puede representar un riesgo importante. Para que este tipo de insumos peligrosos no terminen en manos de terceros que están asociados a otro tipo de actividades delictivas”, subrayó.
La experta considera que la minería ilegal crece en las zonas de frontera como Madre de Dios y Puno, y que el Ejecutivo no ha elaborado una estrategia integral.
