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El líder aprista y expresidente de la República Alan García Pérez se presentará esta mañana, por segunda vez en año y medio, ante la llamada Megacomisión del Congreso, la cual investiga presuntos casos de corrupción durante su segundo gobierno (2006-2011).
En ese contexto, se espera que el expresidente reciba el fuego graneado de la mayoría de integrantes del citado grupo de trabajo, a través de preguntas y repreguntas que, según ha trascendido, serán muy duras.
En el inicio, García deberá ratificar su respuesta por los 5500 indultos y conmutaciones de pena que concedió en su segundo gobierno, 400 de las cuales serían por casos de tráfico ilícito de drogas.
Además, deberá explicar las presuntas irregularidades en el programa Agua para Todos.
El tercer preinforme sobre el caso establece la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y tráfico de influencias, por parte de exfuncionarios de la entidad.
Entre esos exfuncionarios figuran los exviceministros de Construcción y Saneamiento Víctor López y Carlos Arana, el exparlamentario aprista Julio Herrera y el extitular de Vivienda y Construcción Juan Sarmiento.
De otro lado, García será interrogado por las supuestas obras inconclusas de Sedapal y la pérdida de los USB con los audios de las interceptaciones telefónicas del caso Business Track (BTR).
UN TEMA ESPINOSO. Uno de los casos que deberá explicar García es el indulto otorgado al exjefe del Servicio Integral de Salud (SIS) Julio Espinoza, sentenciado por el escandaloso caso de la compra sobrevalorada de raciones de alimentos para los damnificados del terremoto de Pisco.
Según el congresista Enrique Wong, vicepresidente de la Megacomisión, el sustento del indulto fue un cáncer al colon, que se extendió.
"Tenemos que certificar si esta persona tuvo cáncer de recto, porque ahora goza de buena salud", señaló.
La Megacomisión tendría testimonios de presos que aseguran que se les exigió dinero para ser indultados.
Otra de las preguntas se referirá a la concesión del Terminal Norte del puerto del Callao.
Según Wong, los inversionistas estaban dispuestos a desembolsar $1950 millones, pero el gobierno aprista propuso que con $750 millones era suficiente.
