​Alberto Fujimori busca anular “lesa humanidad” de su sentencia

El expresidente Alberto Fujimori fue condenado el 7 de abril de 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

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Pues bien: el exjefe de Estado, de 77 años, cuestiona desde 2013 la supuesta imparcialidad del tribunal que lo sentenció, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, e intenta un nuevo juicio y un nuevo tribunal. También

cuestiona la tipificación como “crímenes de lesa humanidad” de los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves por los que fue condenado.

En esa línea de defensa, Alberto Fujimori sustentó el pasado 21 de abril, vía telefónica, un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).

DEBATE EN EL TC. Así las cosas, el Tribunal Constitucional (TC) inicia mañana el debate del fondo del recurso de hábeas corpus que presentó el expresidente Alberto Fujimori con la pretensión de lograr la anulación de la sentencia de 25 años de prisión que se le impuso.

Asimismo, para que un nuevo tribunal lo vuelva a procesar por los homicidios de La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

El Tribunal Constitucional es la última instancia en sede nacional a la que recurre el expresidente buscando -en el fondo- que la justicia peruana reconozca que los delitos por los que se le condenó no tendrían el carácter de lesa humanidad, como se plasmó en la sentencia de 2009.

LOS ELEMENTOS. Uno de los elementos que analizará el pleno del TC es el informe que remitió el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre la denuncia que Alberto Fujimori interpuso contra el magistrado César San Martín (quien presidió la Sala Suprema que lo condenó), en relación con los correos electrónicos que intercambió con abogados amigos residentes en España.

Y si bien esta denuncia fue archivada por el CNM, pues se determinó que dichos correos electrónicos pudieron ser manipulados, el magistrado supremo jamás rechazó haber intercambiado correspondencia para consultar el caso.

Pero el abogado William Paco Castillo, defensor legal de Alberto Fujimori, refuta esto y afirma que “la jugada” de San Martín encaminó la acusación fiscal que se hizo contra Fujimori y añade que, “además, el peritaje que se realizó sobre dichos correos electrónicos nunca fue concluyente porque San Martín nunca presentó los correos originales y lo dice así la pericia”.

“Ergo, los peritos formulan pericia sobre copia de copias, por lo que sus conclusiones no pueden guardar la debida credibilidad”, sostuvo Paco Castillo.

En efecto, el dictamen pericial ampliatorio 027/2014 de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, señala en sus conclusiones que: “Se ha podido advertir que el documento cuestionado remitido en fotocopia presenta las características documentoscópicas que se indican respecto a los textos; así mismo, estos expondrían distorsión como consecuencia de ser producto de fotocopiados, escaneados o adulteración de estos; y para emitir un pronunciamiento categórico es necesario obtener el documento original”.

EL OBJETIVO. Sin embargo, si bien los correos electrónicos intercambiados son un elemento importante, pues las consultas, según el enfoque del abogado, se hicieron antes del juicio oral, “es decir, antes de escuchar a Alberto Fujimori ya se estaba buscando la manera de freírlo, lo importante es que se reconozca que los delitos por los que se le condenó no eran delitos de lesa humanidad”.

Los jueces constitucionales, alega Castillo, tienen que tener en cuenta que Fujimori fue acusado por delitos comunes, como homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado.

“Toda la acusación y el proceso, incluso cuando se le hace el antejuicio en el Congreso, jamás se contempló que Fujimori era violador de delitos de lesa humanidad. No estuvo en la extradición, no estuvo en la acusación y tampoco estuvo en los debates del juicio oral; es decir, se violó el principio de defensa y principio acusatorio”, puntualizó.

BENEFICIOS. Y aquí radica el objetivo más importante para la defensa del expresidente Alberto Fujimori. Según Paco Castillo, lo que se busca es que el TC “diga si es o no constitucional poner en un fallo que crímenes comunes constituyen delitos de lesa humanidad. Si el TC dice que es legal, entonces no hay problema”.

“Pero -continúa el abogado- si dice que nosotros tenemos razón, entonces al señor Fujimori ya no se le puede volver a calificar como autor de delitos de lesa humanidad y tendría derecho como todo preso común a tramitar sus beneficios; incluso volver a solicitar un indulto”.

“SERÍA UN TRIUNFO”. Es decir, si el TC declara improcedente la nulidad del juicio de Fujimori y la sentencia de 25 años, pero reconoce que no hay delitos de lesa humanidad, “sería un triunfo”, dice Paco Castillo.

“Si nos declaran infundado, pero ellos (el TC) nos dicen que tenemos razón, que Fujimori no cometió delitos de lesa humanidad, ya ganamos. Es decir, perdiendo incluso, ganamos. Porque en realidad eso es lo que queremos”, anotó.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL. En su momento, la Sala Penal Especial precisó los fundamentos de la sentencia. Subrayó que de los indicios y evidencias analizados se concluye que la responsabilidad de Alberto Fujimori “está acreditada más allá de toda duda razonable”.

Indica que el expresidente, amparado en sus potestades de mando, decidió constituir un aparato de poder desde el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a cargo, en los hechos, de su asesor Vladimiro Montesinos.

Según la sentencia, el exmandatario centralizó la labor de inteligencia en el SIN y en Montesinos, y es a partir de ellos que se forma el grupo Colina, que materializó los crímenes denunciados.

En ese contexto, la Corte precisa que Montesinos rendía cuentas y mantenía informado al exjefe del Estado, por lo que se descarta que Fujimori desconociera lo sucedido, más aún cuando sus potestades de mando no fueron simbólicas, sino efectivas, directas y de ejecución diaria.

La resolución descarta que en Perú se haya llevado adelante una política genérica de guerra sucia, pero precisa que los crímenes juzgados fueron cometidos a partir de un aparato organizado de poder, nacido en el SIN, y cuya ejecución correspondía al grupo Colina.

Por ello, concluía el Tribunal, carece de sentido pedir pruebas circunscritas o escritas de Fujimori sobre los hechos.

EN SUS MANOS. Esos son los argumentos que deberán analizar los siete magistrados que integran el pleno del TC. Cada uno de sus integrantes tiene un perfil.

Por lo pronto se conoce que Eloy Espinosa-Saldaña es amigo del juez San Martín, ha sido su discípulo y ha trabajado como su mano derecha en el Poder Judicial.

De la vicepresidenta del TC, Marianella Ledezma, es pública su tendencia política de izquierda.

Entre tanto, aunque algunos creen que José Luis Sardón y Ernesto Blume tienen una línea jurídica más receptiva a los argumentos de la defensa del preso de la Diroes, lo cierto es que se trata de un fallo jurídico, no político.

En ese orden, los votos de los magistrados Manuel Miranda, Oscar Urviola y Carlos Ramos podrían ser decisivos y definir las tendencias hacia uno u otro lado.