Después del indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó a Alberto Fujimori Fujimori en víspera de la Navidad, el exmandatario que permaneció recluido por varios años en la Diroes busca ahora librarse de cualquier proceso judicial pendiente en su contra y procura ser apartado definitivamente del caso Pativilca.
Hace unos meses, el fiscal superior Penal Nacional Luis Landa Burgos acusó al ex jefe de Estado como autor mediato del delito de asesinato y solicitó que se le imponga la pena de 25 años de prisión efectiva por la muerte de pobladores de la comunidad de Pativilca, ocurrido el 29 de enero de 1992.
Sin embargo, el caso conocido como Pativilca-Caraqueño (por las ONG de Derechos Humanos) se ha convertido en una preocupación para el indultado exmandatario.
Correo supo que el pasado 11 de enero, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, solicitó a la Sala Penal Nacional que declare “la extinción de la acción penal”; así la defensa legal del padre del congresista Kenji Fujimori busca que sea apartado del proceso por el caso Pativilca.
En el documento, Pérez Arroyo solicita al Colegiado B del tribunal superior que, en una acción previa a la audiencia de control de acusación del próximo 26 de enero, el tribunal presidido por la jueza superior Miluska Cano se pronuncie respecto de dicha solicitud.
“Previamente a la realización de dicha audiencia de control de acusación (pido) se declare la extinción de la acción penal en contra de mi patrocinado por efecto del derecho de gracia otorgado a su favor a través de la Resolución Suprema N° 281.2017-JUS de fecha 24-12-17”, se lee en el escrito presentado por la defensa legal del expresidente.
En otro párrafo, Pérez Arroyo solicita que se disponga el archivamiento del proceso, al indicar que su pedido se encuentra amparado en el art. 129 (14) de la Constitución Política y en el art. 78 del Código Penal.
Respecto del referido ordenamiento legal, solo se puede extinguir un proceso penal por tres motivos: el fallecimiento del acusado, la prescripción del caso y el derecho de gracia. “Que se declare la extinción de la acción penal en contra de mi patrocinado en virtud de los efectos del derecho de gracia otorgado a su favor”, indica el documento.
Por su parte, para el abogado Paco Castillo, la defensa de Fujimori busca que no se persiga más la acción penal contra el exmandatario.
“El abogado está actuando con buen criterio. Al extinguirse la acción penal, también podría actuar como testigo, pero ya no en calidad de imputado; pues la incriminación desaparecería porque se otorgó el derecho de gracia”, sostuvo el letrado.
CONTROL DIFUSO
Este diario conoció que Gloria Cano, representante de la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), presentó una solicitud de control difuso para que la Sala Penal Nacional se pronuncie al respecto.El pedido hecho por Aprodeh se basa en la existencia de una “incompatibilidad” entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía.
Este recurso legal se solicita ante un conflicto de una norma legal frente a una constitucional, el cual solo puede ser resuelto por un juez.
En ese sentido, Aprodeh busca que el expresidente no sea apartado del proceso por el caso Pativilca, a raíz del beneficio otorgado por PPK el pasado 24 de diciembre.
INTERVENCIÓN
Fuentes del Poder Judicial indicaron a este diario que frente a los pedidos hechos por la defensa legal del expresidente Fujimori y la ONG Aprodeh, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional dispuso que el día 26 de enero, luego del control de la acusación, los representantes deberán sustentar oralmente sus posiciones frente a estas solicitudes.“Cítese para la fecha y hora de la indicada vista (control de acusación) al señor fiscal superior (Luis Landa) encargado del caso, quien como titular de la acción penal deberá sustentar su posición oralmente, a la defensa del encausado (Alberto) Fujimori Fujimori, a la señora abogada (de Aprodeh) de la parte civil y a la Procuraduría y defensas técnicas de los demás encausados”, establece la resolución de la Sala.
IMPLICANCIA
El técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del Grupo Colina, confesó su participación en el caso Pativilca y fue quien brindó la versión sobre la presunta responsabilidad de Fujimori en este proceso.Ortiz Mantas es uno de los pocos exagentes que ha señalado que Colina dependía, además de Nicolás Hermoza Ríos, de Fujimori y del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El 8 de febrero del 2008, en una sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos, de quien dijo respondía a las órdenes de Fujimori.
RETORNO
Por otro lado, y aunque continúan los episodios cortos de inestabilidad que afectan su salud, el expresidente Alberto Fujimori retornó a su residencia en La Estancia, en La Molina, luego de permanecer en la Clínica Centenario.Así lo informó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, quien precisó que el exmandatario dejó el nosocomio aproximadamente a la 1.30 de la tarde.
Aguinaga precisó a Correo que a Fujimori le colocaron un holter -es decir, un aparato que registra su actividad cardiaca las 24 horas del día- para monitorearlo.
Asimismo, sostuvo que el jueves regresaría a la mencionada clínica para someterse a angiotomografía, prueba para examinar las arterias que irrigan el corazón y la que no se pudo desarrollar con éxito el último lunes debido a que el exgobernante tuvo fibrilaciones auriculares (arritmias).
INDULTO
El exvocero de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), Vicente Zeballos, manifestó que urge que el Ministerio de Justicia entregue a la brevedad el expediente del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, tras la solicitación hecha por la Defensoría del Pueblo.El legislador señaló que este acto correspondería a un mejor ejercicio de transparencia por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
“Por la salud democrática del país, se debe acceder a este requerimiento. Qué mejor ejercicio de autoridad que transparentar las acciones. Defensoría está pidiendo algo apegado a la norma y al orden constitucional”, declaró a la agencia Andina.
Asimismo, señaló que este pedido no busca que el expediente se haga público, sino que “forma parte de sus competencias constitucionales”; por tanto “debe ser urgentemente atendido”.
Zeballos sostuvo que espera que el nuevo titular de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi, convoque en los próximos días al ministro Enrique Mendoza para que explique las condiciones en que el presidente otorgó el indulto a Fujimori, como respuesta al pedido que presentó junto con los legisladores Gino Costa y Alberto de Belaunde a inicios de este mes.
“El Parlamento no puede renunciar a la fiscalización y al control”, recalcó.