El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, estimó que entre el lunes 21 y el martes 22 el Poder Judicial estaría ordenando al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la libertad del exmandatario, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de restablecer los efectos del indulto humanitario que le otorgó en diciembre del 2017.

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En diálogo con los periodistas, indicó que corresponde que el TC oficie al juez de ejecución penal supremo, lo cual debería ocurrir como máximo el lunes 21, a fin de que emita la orden de libertad.

“Acabo de conversar con el presidente Fujimori y como ya le he comunicado la sentencia valiente, histórica que ha sacado por mayoría ha sacado el Tribunal Constitucional, ahora lo que corresponde que el Tribunal Constitucional oficie al juez de ejecución penal supremo, que es el que tiene que dar la orden de libertad”, expresó.

“Yo calculo que el Tribunal Constitucional entre mañana y el lunes debe enviar el oficio –porque debe cumplirse de manera inmediata- y calculo que entre el lunes y el martes el juez de ejecución penal ya estaría ordenándole al INPE su libertad”, añadió.

Nakazaki señaló que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y sus hermanos coordinarán el lugar donde el expresidente será trasladado una vez que sea excarcelado del penal Barbadillo de Ate.

Como se recuerda, el TC aceptó la ponencia de Ernesto Blume, quien planteaba declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto. La votación fue tres a favor y tres en contra, con el voto de su presidente, Augusto Ferrero, como dirimente a favor del hábeas corpus.

En este caso dicho recurso de habeas corpus fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto humanitario.

Como se recuerda, el 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) otorgó el indulto a Fujimori Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, el Poder Judicial anuló dicho beneficio.

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Aquella vez, la Sala Suprema evaluó la forma, velocidad e irregularidades en el trámite para otorgar la gracia presidencial y precisó que no cumplía con las exigencias legales esenciales. Tras esto, Alberto Fujimori volvió al penal de la Diroes en octubre de 2018.

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