Alberto Fujimori: Matanza de Pativilca, el crimen por el que ahora podrá ser juzgado el expresidente
Alberto Fujimori: Matanza de Pativilca, el crimen por el que ahora podrá ser juzgado el expresidente

La Corte Suprema de Chile aprobó hoy la ampliación de la extradición del encarcelado expresidente  que ahora podrá ser procesado por la Justicia por delitos de "lesa humanidad" que quedaron fuera del juicio por el que está encarcelado desde hace 8 años.

En un fallo unánime, la II Sala del máximo tribunal chileno ratificó la resolución adoptada el pasado febrero por el magistrado Ricardo Blanco, instructor del caso, respecto de dos delitos y la revocó respecto de un tercero.

Los jueces chilenos aprobaron ampliar la extradición de Fujimori por delitos de homicidio y asociación ilícita cometidos en la localidad de Pativilca, al norte de Lima, "por tratarse de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles desde el punto de vista de la responsabilidad penal".

Dichos delitos, dice el fallo, "constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

El exprocurador Ronald Gamarra explicó en su cuenta en la red social Twitter que este caso se produjo en enero de 1992, cuando el grupo militar encubierto Colina asesinó a 6 personas en los centros poblados de San José y Caraqueño, en Pativilca, un distrito de la provincia de Barranca, en el norte de la región Lima.

Gamarra consideró, en ese sentido, que la sentencia de la Corte Suprema de Chile "va en la misma dirección" que el fallo del tribunal peruano que en 2009 ya condenó a 25 años de prisión a Fujimori por delitos de lesa humanidad.

Agregó que ese fallo puede concluir en una "condena por homicidio", con la calificación "de lesa humanidad".

Por su parte, el presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, confirmó Fujimori será juzgado por delitos de lesa humanidad, aunque admitió que existen discrepancias entre los magistrados sobre la aplicación de esa figura jurídica.

"Serán los tribunales nacionales los que dirán si corresponde o no (sentenciarlo) por lesa humanidad. Ese es un tema de doctrina en el derecho penal; los juristas y jueces tienen posiciones discrepantes, no voy a decir cuál es mi punto de vista", explicó Rodríguez en declaraciones a la agencia oficial Andina.

El presidente del Poder Judicial confirmó que la resolución de la Corte Suprema de Chile, que aprobó por unanimidad la ampliación de la extradición de Fujimori, habilita al Poder Judicial de Perú a seguir un proceso por el llamado caso Pativilca.

Duberlí Rodríguez comentó, por su parte, que el nuevo proceso que se abrirá a Fujimori seguirá un camino distinto al del pedido de hábeas corpus que presentó Keiko Fujimori, la hija del exmandatario, el mes pasado para solicitar su liberación.

--- Delito de peculado ---

Por otro lado, las autoridades chilenas revocaron la decisión de Blanco en relación con el delito de peculado, en el que consideraron prescrita la acción penal. Este punto acusaba al exmandatario de haber autorizado el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que un amigo suyo, Augusto Miyagusuku, comprara terrenos agrícolas en el proyecto de irrigación Chavimochic, en La Libertad, al noroeste de Lima.

Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue entregado en 2007 por Chile a la Justicia peruana para ser juzgado por delitos de violación de los derechos humanos.

Fujimori, que renunció a través de un fax a la presidencia a fines del año 2000 durante una visita a Japón, llegó en 2005 por sorpresa a Chile, donde fue detenido y sometido a un proceso de extradición, tras el cual fue entregado a la Justicia peruana.

En 2012, la Corte Suprema de Chile aprobó una primera ampliación de la extradición, para que Fujimori fuera juzgado por el desvío ilegal de fondos militares, que fueron utilizados para financiar la campaña electoral en la que buscó y ganó la reelección para el período 2000-2005.

Alberto Fujimori cumple actualmente una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.